MADRID, 11 (OTR/PRESS)
Se quejaba amargamente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de «la lamentable situación de las Facultades de Derecho, donde se enseña algo que no tiene nada que ver ni con la Abogacía ni con la Administración pública del Estado», refiriéndose con ello al «sancta sanctorum» del mundo jurídico: los abogados del Estado, los letrados de las Cortes o del Consejo de Estado, los notarios, los jueces* y venía a concluir que es tan lamentable el producto que, lógicamente se tienen que resentir las profesiones jurídicas. Le daba la razón Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado, diciendo que había hecho una «radiografía acertadísima» de la situación. «Hay algunas Facultades excelentes pero la mayoría dejan mucho que desear», remató.
El marco era una cena en el que fuera famoso Club Siglo XXI madrileño -que, por cierto, tiene goteras físicas, unas cuentas, y de las otras, muchas más- donde Ojeda acababa de dar una conferencia sobre el presente y el futuro del notariado. A Herrero y al notario les replicó casi enfadado Gregorio Peces Barba desde «la discrepancia más absoluta» y pidiendo una reforma del sistema de oposiciones, con un máster de postgrado y luego una oposición específica. El debate de las oposiciones no termina nunca y aquí sí que hay más conservadores que rupturistas. Durante el debate me acordaba de lo que repite incansable el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, sobre la formación de las profesiones jurídicas y, especialmente las de abogado, fiscal y juez, pero sin excluir a las otras: «el ciudadano debería tener la garantía de que quien le acusa, le defiende y le juzga tienen la misma formación. Esa es la igualdad de armas real que deberíamos exigir». Bueno, pues no sólo no se aplica todavía Ley de Acceso a la Abogacía, sino que el reglamento no acaba de ver la luz.
Pero se pueden hacer algunas cosas. La Universidad del País Vasco, por ejemplo sólo permitirá repetir dos años. Ahora la media para terminar una carrera es de ocho, el doble de lo que debería ser la norma. Eso no sólo es un despilfarro económico sino un insulto a la inteligencia. Se pueden limitar las convocatorias o encarecer las segundas matrículas, de forma que sólo estudie quien de verdad lo merece y quien acredite aprovechamiento. No sólo ha bajado el nivel de los universitarios, sino que la sociedad aparca o beca a los que no tienen interés en estudiar.
Pero, aún coincidiendo con Herrero y con Ojeda, el problema no está en las Facultades de Derecho o de Filosofía. El problema es el sistema educativo. A la Universidad llegan muchos estudiantes, y con buenas notas, que no saben escribir correctamente un par de párrafos ni comprender lo que leen, no digo ya otras cosas. Y los profesores universitarios, duplicados en pocos años para cubrir las plazas de Universidades creadas como rosquillas, bastante hacen. El problema está en la Universidad, pero, sobre todo, mucho antes de llegar a ella. Y de pacto educativo, ni hablar.
