MADRID, 15 (OTR/PRESS)
No hay duda de que el juez Garzón ha pasado a ser, en los últimos tiempos, asunto de opinión y de fuertes discrepancias en la opinión pública. Este sábado basta ver los titulares de los periódicos para comprobar la felicidad o la desazón que produce las noticias que deparó este viernes el Consejo del poder Judicial, se supone que «gobierno de los jueces», a cuya presidencia, por cierto, aspiró el propio Garzón no hace muchos meses. Dice un diario: El poder judicial le aparta por unanimidad de la Audiencia; seguidores del juez rodean la sede del PP al grito de fascistas. Leemos en otro: El poder Judicial se ensaña con Garzón. El CGPJ aparta al juez y aplaza la decisión sobre su traslado a La Haya. Supergarzón ya no es juez, se complace otro. El juez, se estrella, titula otro. Garzón pierde su poder al ser suspendido por unanimidad. El juez abandonó la Audiencia jaleado por un grupo de incondicionales tras 22 años de protagonismo e instrucciones polémicas. Garzón cae por investigar el franquismo. El Poder Judicial echa al juez mientras se le procesa por prevaricación. En realidad, predominan quienes no ocultan su felicidad por estas noticias que a otros causan perplejidad y asombro.
Definitivamente, como se comenta en un editorial, el poder del Tribunal Supremo acabó ayer con la carrera de Baltasar Garzón, «el juez de la democracia», y recuerda que desde la Audiencia Nacional, el magistrado ha instruido en los últimos 22 años la mayoría de las principales causas judiciales de la historia reciente en nuestro país. Otro diario se congratula de que haya terminado el abuso de Garzón sobras las vidas y haciendas de mucha gente, mientras ha brillado como una estrella del espectáculo. ¿Sencillamente se ha limitado el CGPJ a aplicar la norma con total ecuanimidad e independencia, como sostiene otro comentario, y «su trayectoria y ha estado marcada por una parcialidad incompatible con el juez? No hay duda de que es materia fuertemente opinable.
Conviene recordar. En todo caso, que, al final y curiosamente, una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias, a la que se adhirió Falange Española, ha llevado a Garzón hasta el banquillo de los acusados, donde será juzgado como supuesto autor de un delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía hacerlo, según defienden los querellantes. La instrucción del caso arrancó como consecuencia de las 22 denuncias presentadas por asociaciones y víctimas del régimen franquista a las que ningún tribunal había amparado hasta entonces. Las diligencias practicadas desencadenaron una fortísima disputa judicial entre la Fiscalía, que entendía que no había competencia para investigar, y Garzón, que citaba en sus escritos diversa jurisprudencia internacional para avalar los trabajos que estaba llevando a cabo. Finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró la falta de competencia del juez para investigar los crímenes del franquismo. Hubo tres votos particulares que sostuvieron lo contrario. En cambio, otros tres magistrados de la Audiencia Nacional respaldaron la competencia de Garzón para investigar el franquismo y varios jueces de tribunales inferiores ratificaron esa misma tesis unas semanas después.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se opuso al procedimiento de Garzón, nunca consideró que el juez pudiera estar cometiendo un delito de prevaricación. Pese a ello, Luciano Varela, el magistrado del Supremo que instruyó la querella de Manos Limpias y de Falange, entendió que había suficientes indicios de prevaricación para ordenar la apertura de juicio oral contra Garzón. Y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en estricta aplicación de la Ley, suspendió este viernes de funciones al juez Garzón por estar procesado. Unos minutos después de conocerse la decisión del Gobierno de los jueces, Garzón abandonó el edificio de la Audiencia entre aplausos, gritos de ánimo, lágrimas y abrazos de jueces, fiscales, secretarios judiciales y otros trabajadores. Pero aún queda otra parte de la historia: Garzón pretende trabajar durante los próximos siete meses como asesor de la Corte Penal Internacional y espera recibir la autorización del Consejo General del Poder Judicial para trasladarse en comisión de servicios a La Haya. El juez español con mayor prestigio internacional deja en la Audiencia un abundante expediente de causas relevantes para la historia de España y de otros países, como Chile o Argentina. Sus investigaciones contra el narcotráfico, los crímenes de Estado, el terrorismo o la corrupción le acarrearon poderosos enemigos, desde el Gobierno de Felipe González hasta traficantes de droga y de armas, pasando por el dictador Pinochet, al que ordenó detener, o el Partido Popular.
En su larga carrera profesional, Garzón ha sufrido múltiples querellas que, hasta el día de ayer, se habían archivado sin demasiado ruido. Tanto el PSOE como el PP denunciaron en distintas etapas desde 1990 a Garzón por investigaciones que dirigía el juez y que afectaban a los intereses de estos partidos: el Caso Gal, el caso Gurtel. También cabe recordar que las relaciones de Garzón con el Tribunal Supremo siempre han sido tormentosas. En la lucha contra ETA y su entorno, Garzón abrió en 1998 un sumario que todavía colea y que permitió desarticular los distintos aparatos logístico, político, financiero y propagandístico de la banda terrorista. Las ilegalizaciones de Batasuna y sus partidos satélites, amparadas por la Ley de Partidos Políticos, llegaron siempre antes de la mano de Garzón que del Supremo. Dirigentes del Gobierno entienden que la animadversión entre magistrados del Supremo y Garzón, por cuestiones de pura competencia profesional, explica lo ocurrido en los últimos meses. Durante 20 años, las querellas presentadas contra Garzón en el Supremo fueron desestimadas sin contemplaciones. Pero en el último año, las tres denuncias contra el juez que se han presentado ante el alto tribunal -por investigar los crímenes del franquismo, por el patrocinio bancario de unos cursos que dirigió en Nueva York y por ordenar escuchas a los abogados de la trama Gürtel en la cárcel- han sido estimadas y cada una de ellas está en fase de instrucción. Otros dirigentes socialistas sostienen que la suspensión de Garzón tiene que ver con el caso Gürtel.
El PP no oculta su satisfacción por la salida del juez de la Audiencia Nacional. Lo cierto es que las reacciones a la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ayer, no se hicieron esperar e incluso desde dentro del mismo organismo se escucharon voces discrepantes con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente. Varios de los vocales progresistas del CGPJ calificaron de «desleales» a los miembros de este órgano designados a propuesta del PP, y señalaron que tras acordarse la suspensión cautelar del juez por el pleno extraordinario de este órgano durante la mañana, en la mente de todos estaba la idea de que, al convocarse una reunión de la Comisión Permanente para pocas horas más tarde, era casi seguro de que se llegaría a un acuerdo para aceptar la pretensión de Garzón de ser declarado en situación «servicios especiales» con el fin de ocupar la plaza que se le ha ofrecido en la Fiscalía del Tribunal de La Haya. Esta hubiera sido la decisión «más armónica» y lamentaron que, contra todo pronóstico, la oposición de los dos vocales designados por el PP que forman parte de la Comisión Permanente no permitiera el traslado.
Probablemente tendrá más escenas este drama. Pero las esenciales ya han sido relatadas, y el final es el previsible. Garzón ha acabado con una turbulenta manera de hacer justicia que unos aplauden y otros censuran. Estos últimos van ganando.
