MADRID, 15 (OTR/PRESS)
No hay duda de que, tanto al propio PSOE que adoptó las medidas el pasado miércoles, como al principal grupo opositor, el llamado «tijeretazo» de Zapatero les fuerza a unificar criterios. Ni unos ni otros esperaban lo que urgieron las autoridades de la UE, CE, BCE, FMI y Obama, ni sus implicaciones políticas. Tanto socialistas como populares, en gran parte, han quedado «descolocados» por los anuncios de Zapatero y lo que traen consigo. Este sábado, el líder del PP, Mariano Rajoy, se reunió en la sede nacional de los populares con los presidentes autonómicos y los jefes regionales de su partido para analizar los efectos de las medidas de recorte presupuestario adoptadas por el Gobierno. Al acto acudió el presidente valenciano, Francisco Camps, quien hace unos días manifestó su intención de continuar en el cargo a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) podría imputarle nuevamente en la investigación de sus presuntas relaciones con la trama Gürtel. Otro de los líderes regionales que también ha acudido a la llamada de Génova es el de Asturias, Ovidio Sánchez, quien supuestamente habría comunicado a Rajoy que designe al ex ministro Francisco Alvarez-Cascos candidato en las elecciones autonómicas del año que viene. Quien no acudió fue la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, sustituida por el conejero de Economía Antonio Beteta. Los asuntos que abordan la dirección nacional y los presidentes regionales son las medidas del Gobierno para reducir el gasto público, y lo que supondrán tales medidas para los gobiernos autonómicos. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que, para conseguir dicho objetivo se rebajaría el sueldo de los funcionarios un 5% y se congelarían las pensiones. Pero añadió que esperaba la colaboración de los gobiernos autonómicos y municipales con los correspondientes recortes de gastos. No es improbable que los presidentes de las CCAA de Valencia, Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León, Ceuta y Melilla, que son militantes del PP, deseen coordinar políticas y unificar criterios de aplicación de los recortes.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la comparecencia tras el consejo de ministros, rescató ayer una parte del discurso de José Luis Rodríguez Zapatero del miércoles en el Congreso y aseguró que el Ejecutivo «no descarta nuevas medidas» frente a la crisis económica de modo que «las personas que tienen más capacidad económica sean las que tienen que aportar más a esta situación tan difícil que está viviendo España». Fernández de la Vega quiso hacer frente, de este modo, a las críticas, procedentes de buena parte de los votantes de la izquierda que consideran que la recesión la van a pagar, sobre todo, pensionistas y empleados públicos y que han arreciado desde el miércoles. Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, incidieron en esta misma cuestión, el jueves, tras su entrevista con Zapatero en la Moncloa. No obstante, la vicepresidenta primera quiso contener las expectativas y precisó que esas medidas ahora «no están sobre la mesa» y que todo dependerá de la evolución de las cuentas del Estado. En todo caso, entre esas medidas están descartadas nuevas subidas del IRPF o del IVA, que aumentará en un punto a partir de julio, en cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Entre tanto, el presidente Zapatero atribuía la caída de las bolsas europeas y del Ibex de este viernes, en más de seis puntos, a una respuesta de los especuladores financieros a decisión del presidente norteamericano, Barack Obama, de investigar las causas de los vaivenes especulativos.
El presidente del Gobierno se refirió a su encuentro con Méndez y Fernández Toxo, y subrayó la «responsabilidad» de los sindicatos por la respuesta «moderada» que han dado a unas medidas duras y dolorosas, que el Ejecutivo se ha visto obligado a adoptar. La vicepresidenta primera había revelado que mientras el presidente se reunía, el jueves, con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, ella lo hacía con los de la función pública. Quiso escenificar con ello que, pese a las medidas tan duras adoptadas por el Gobierno, como la reducción del sueldo de los funcionarios en un 5%, no se han roto los puentes con los sindicatos. «En la medida de lo posible, dentro del estrecho margen existente, el Gobierno tratará de buscar las medidas en el marco de la función pública para seguir trabajando en todos los temas pendientes». Precisó, en este sentido, que los funcionarios de las empresas públicas no estarán afectados por el recorte salarial, que se limitará a los directivos. La vicepresidenta primera admitió que había un «estrecho margen» de negociación con los grupos parlamentarios para recabar su apoyo a los decretos y que el límite estaba en los 15.000 millones de euros comprometidos de reducción del déficit. También descartó absolutamente tanto la presentación de una moción de confianza como un adelanto electoral, posibilidades que han barajados algunos dirigentes políticos, como Rajoy, Camps, Durán i Lleda, o Artur Mas.
