MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Desde que el presidente Zapatero anunció el durísimo plan de ajuste económico cundió la sensación -y no exclusivamente en el ámbito de la izquierda- de que la carga del sacrificio iba a ser asimétrica. Conocida la nómina de los afectados por el recorte, el panorama resultaba a todas luces incompleto. Desde entonces, a ritmo de yenka, diferentes voces del gobierno han insinuado o han desmentido, según conviniera, la posibilidad de una subida de impuestos para que el sacrificio también lo noten quienes más tienen, aunque no cobren un salario que provenga de las arcas públicas.
Zapatero ha terciado en el asunto anunciando que «los que realmente tienen más» tendrán que hacer «un esfuerzo mayor». Aparte de que no despejó el cuándo y el cómo, tampoco desveló el quién, de manera que es difícil encontrar mayor inconcreción si lo que realmente se pretendía era concretar.
Es verdad que despejar una cuestión tan relativa como la definición de quién es rico en una sociedad como la nuestra es asunto bien complejo. Nuestro sistema impositivo grava con un tipo máximo del 43% aquellas rentas del trabajo que superan los 53.000 euros anuales, una cantidad no despreciable pero que hará troncharse de risa a los ricos ricos de este país. El abanico de rentas que se abre desde este límite es tan inmenso que resulta inconcebible que la progresividad se detenga en esa frontera. Como también resulta un sinsentido que la progresividad, que es un mandato constitucional de nuestro sistema fiscal, se aplique a las rentas del trabajo y no al impuesto de sociedades, 30%, bajo cuyo paraguas se refugian muchos asalariados de oro de este país; o a las rentas de capital, en donde un rendimiento de 6000 euros cotiza al mismo tipo que un pelotazo bursátil millonario, al 21%, menos de la mitad del tipo máximo aplicado a las rentas del trabajo.
No faltará quien sostenga que el impacto en la recaudación proveniente de apretar el bolsillo a quien más tiene resulta insignificante. También eso es relativo, por no decir que es mentira. Con la supresión del impuesto sobre el patrimonio el Estado dejó de recaudar 2000 millones al año. Podrá parecer poco en términos macroeconómicos, pero son 500 millones más de lo que ahora ahorrará con la dolorosa congelación de las pensiones.
