MADRID, 22 (OTR/PRESS)
No pocas cajas de ahorros tuvieron a fondos de la Iglesia como origen. Algunas, las más, se han ido «laicizando» progresivamente, como la aragonesa Caja de Ahorros de la Inmaculada. En otros casos, la resistencia «eclesiástica» ha sido mucho más duradera y pertinaz, como es el caso de Caja Sur, desde tiempo inmemorial en manos de algún sacerdote, que actuaba según sus propios criterios, incluso al margen de las normas generales de las Cajas. El muy conocido sacerdote Miguel Castillejo, su presidente anterior, permaneció nada menos que 30 años en su presidencia, por designación del obispado de Sevilla. Costó tiempo y esfuerzo ímprobo que se resignara a ser jubilado y sustituido por otro sacerdote, Gómez Sierra. Pues bien, desde ese origen, Caja Sur ha decidido «suicidarse», como ha descrito algún experto a la situación creada y finalmente resuelta: El Banco de España decidió la pasada madrugada intervenir CajaSur. El organismo dirigido por Miguel Angel Fernández Ordóñez ha decidido expulsar de su cargo a todos los miembros del Consejo de Administración de la caja cordobesa, con su presidente, el clérigo Santiago Gómez Sierra, a la cabeza. A partir de ahora, tres administradores provisionales, designados por el Frob, gestionarán la entidad financiera cordobesa, y actuarán mancomunadamente en todas y cada una de las funciones que le corresponden al citado fondo de reestructuración.
Estos tres tienen un mes para presentar el plan de viabilidad de la caja cordobesa, que ha de recoger su fusión con otra entidad financiera o bien el traspaso total o parcial de su negocio. La intervención es la respuesta del Banco de España a la petición de ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) realizada por CajaSur tras romperse sus negociaciones con Unicaja. Según la normativa que rige las ayudas a la reordenación del sector financiero, «el Frob elaborará un informe detallado sobre la situación patrimonial y la viabilidad de la entidad y someterá a la aprobación del Banco de España el plan de reestructuración de la entidad». Esta es una de las principales diferencias con el proceso seguido tras la intervención de Caja Castilla La Mancha, cuyo plan de integración con Cajastur tuvo que recibir el visto bueno de su Asamblea, la autorización de los órganos administrativos regionales e incluso ser sometido a votación en las Cortes de Castilla-La Mancha. En el caso de Cajasur, el Banco de España controlará todo el proceso, ya que el Real Decreto de junio de 2009 sobre reestructuración bancaria anulaba las competencias de las Comunidades Autónomas al establecer que la aprobación del plan de viabilidad no requeriría «ninguna autorización administrativa ulterior» a la del supervisor, salvo las exigidas en materia de defensa de la competencia. No obstante, antes de aprobar el plan, el Banco de España deberá solicitar un informe al Ministerio de Economía y Hacienda o a la Junta de Andalucía, que deberá ser remitido en el plazo de 10 días. También el Frob debe elevar al Ministerio de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero del plan de reestructuración presentado sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El departamento que dirige Elena Salgado podrá, motivadamente, oponerse en el plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.
Unicaja asegura que su consejo de administración había dado luz verde a un principio de acuerdo laboral, según han asegurado fuentes de la institución malagueña, que manifiestan que ésta ha cumplido con todos los compromisos pactados con la otra caja. La falta de acuerdo laboral ha sido el principal escollo que ha impedido a la entidad cordobesa ratificar el protocolo de intenciones de fusión, y su plan de actuación económica y apoyos financieros que ambas cajas habían suscrito el verano pasado. Cabe recordar que desde que, hace casi un año, comenzaron las negociaciones entre la arruinada Cajasur -596 millones de euros de pérdidas en 2009, 114 millones acumulados ya en el primer trimestre de este año, al borde de la bancarrota-, todos los interlocutores de la entidad cordobesa advertían de la irracionalidad con la que los representantes de la Iglesia católica seguían en la negociación. El viernes, esa «locura» -como la denominó un miembro del consejo- cruzó un punto de no retorno. El presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, defendió en el consejo la intervención del Banco de España en lugar de la fusión con Unicaja. El supervisor ya había amenazado hace unas semanas con intervenir de forma fulminante Cajasur si la fusión no llegaba a buen puerto. Y por carta. Con la espada de esa intervención sobre la cabeza, los gestores de ambas entidades trabajaron ayer a lo largo del día. Pero finalmente no hubo fumata blanca.
El mar de fondo del rechazo está relacionado con las estructuras salariales de ambas cajas: los empleados y sobre todo los directivos de la entidad cordobesa tienen sueldos más elevados que los de Unicaja, que ha reclamado su reducción. De lo contrario, la fusión podía disparar los costes laborales de Unicaja. El Banco de España alargó incluso el plazo límite para que ambos consejos dieran luz verde al acuerdo, fijado para las ocho de la tarde del viernes. Previamente al rechazo por parte de Cajasur, el consejo de Unicaja, la mayor entidad de Andalucía, había aprobado la fusión. Desde primera hora de la mañana, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, se empleó a fondo para intentar conseguir un acuerdo con los sindicatos, a quienes consiguió arrancar un pacto verbal. Medel no quería repetir el fracaso vivido con Caja Castilla La Mancha, que se intervino tras casi lograr su fusión. «Peor que la no fusión es una mala fusión», decían ayer en la caja malagueña. Los acontecimientos se precipitaron a partir de las 22.30 de la noche del viernes. A esa hora, Unicaja daba luz verde a la integración: «El consejo de Unicaja ha aprobado el proyecto de fusión de Unicaja con Cajasur» decía un comunicado. Cuando parecía que Cajasur iba a hacer lo mismo, se descolgó rechazando la fusión. El vicepresidente de Cajasur, Salvador Blanco, reconoció que ese paso «suponía la intervención».
Con toda probabilidad, el caso Cajasur pudiera decidir a las cajas más recalcitrantes a tomar nota: se fusionan o pudieran suicidarse, como ha sucedido con Cajasur, si no hacen caso a las recomendaciones y hasta órdenes tajantes del gobernador del Banco de España. Tras Caja Castilla la Mancha, tenemos ya otra modalidad de «caja suicida» en tiempo de crisis.
