MADRID, 27 (OTR/PRESS)
Con toda seguridad, el orador Durán i Lleida lograba en su intervención de este jueves en el Congreso, un «plus de atención», por cuanto el voto de su grupo de CiU se sospechaba que resultaría decisivo a la hora del recuento final de votos, en un escrutinio que se anunciaba muy ajustado. Durán y sus convergentes se abstuvieron, pero el portavoz resultó contundente en sus argumentos contra el decreto, contra el Gobierno de Zapatero y contra Zapatero mismo. Durán hizo una enumeración de argumentos contra el decreto: le parece inadecuado, inconveniente, injusto, prácticamente como a casi todos los restantes oradores. Con anterioridad a anunciar el voto que mantendrían, Durán enumeró un prolongado «no estamos de acuerdo» con un sinfín de particularidades del ajuste que impulsa el Gobierno, poniendo especial énfasis en su «no estamos dispuestos a aceptar que los pensionistas pierden capacidad adquisitiva»… Pero seguidamente, justificó la necesidad de no impedir que el decreto llegara al Boletín Oficial y se cumpliera con la mayor urgencia. Y anunció que su grupo de abstendría «por responsabilidad». En realidad, Durán empleó críticas muy semejantes a las utilizadas por los demás oradores, desde Rajoy y Llamazares a Uxúe Barkos, todos coincidentes, sobre todo, en el error de introducir las pensiones en el «tijeretazo» y en las alternativas a otros recortes que no se han tenido en cuenta, y que hubieran sido más fáciles de aplicar y de entender…
Por parte del Gobierno y del PSOE se escucharon dos voces, las de la vicepresidenta Salgado y del portavoz Alonso. Algo más de dos horas, entre la primera y el último en intervenir. Pero una y otro interesaron bien poco a los diputados, que ya desde el primer momento tenían claro el sentido de su voto, y que siguieron con especial atención a sus correspondientes líderes o portavoces. Hasta el último momento, algunos de sus «fieles» llegaron a imaginar que Rajoy, por razones de patriotismo e interés nacional, cambiaría el sentido de su voto. Pero no hubo milagro… y Mariano Rajoy tuvo que explicar un sí al recorte del gasto que viene reclamando desde hace tiempo, pero no a ese recorte exactamente. «Este decreto-ley simboliza el fracaso de toda su política y no sólo la económica y, desde luego, mi grupo parlamentario no va a contribuir con su voto a que su problema, el principal de la economía española, usted, siga ahí. Y si otros lo hacen será su responsabilidad, la nuestra está muy clara», afirmó Rajoy, cosechando los aplausos de la bancada popular. Rajoy criticó que el Gobierno haya decidido hacer recaer sobre las capas más indefensas de nuestra sociedad sus propios «desaguisados». «Los pensionistas no pueden hacer una huelga. ¿Es por eso que están en el decreto?», preguntaba el dirigente «popular». Durante su intervención, Rajoy ha argumentado los tres motivos por los que su partido se opone al decreto aprobado por el Consejo de Ministro: «improvisado, insuficiente e injusto».
Otras tres palabras había empleado la vicepresidenta Elena Salgado en su argumentario favorable al decreto: «urgente», «imprescindible» y «preocupación». La ministra de Economía y Hacienda pintaba un panorama difícil y casi desesperado de la economía española que sólo podrá superarse «replanteando el ritmo de la estrategia de la salida de la crisis», o lo que es lo mismo, dando un «tijeretazo» adicional al gasto de 15.000 millones de euros en 2010 y 2011, de manera que se cierre el presente ejercicio con un 9,3 por ciento de déficit, 2011 con un 6, 2012 con un 4,4 y, finalmente, 2013 con el 3, máximo que contempla el Plan de estabilidad de la Unión Europea. Salgado, instó al Congreso a que avale los recortes de gasto «de manera inmediata», y explicó las medidas contenidas en el Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y que hacen referencia a la rebaja del sueldo de los funcionarios en función de su nivel salarial, la congelación de las pensiones contributivas en 2011, la supresión de la retroactividad del pago de las prestaciones por dependencia, la anulación del cheque bebé a partir del próximo 1 de enero, la imposibilidad de que las entidades locales soliciten créditos a largo plazo desde el inicio del año que viene y diversas medidas destinadas a reducir el gasto farmacéutico. El portavoz socialista José Antonio Alonso abundó en estas explicaciones, y sobre todo, en desautorizar los planteamientos del PP y de Rajoy, con muy duras críticas a los gobiernos del PP en materia de sueldos de funcionarios y de pensiones.
Pero, finalmente, se impuso la matemática parlamentaria.
