MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Con toda probabilidad, y conociendo la intención de apurar plazos de los negociadores, es probable que tengamos un fin de semana especialmente atento a lo que pueda suceder en la mesa del diálogo social. Hay datos suficientes para adivinar la impaciencia que ya comparten las tres partes, sindicatos, patronal y Gobierno. El Gobierno, superado el trance del decreto del ajuste, en el pleno del jueves, ya ha priorizado la reforma como primera gran exigencia. Es la gran reforma estructural que le vienen reclamando todas las instituciones internacionales y cuya necesidad también coinciden en señalar los expertos. A su vez, las centrales sindicales se resisten a que el Gobierno penetre en esta «parcela privada» que tienen en sus manos desde hace muchos meses, por más que la urgencia del Gobierno, y el ultimátum que le ha dado en fechas, haya excitado algunos ánimos, como el del dirigente de Comisiones, Fernández Toxo -portavoz en nombre propio y de Cándido Méndez- que no ha dudado en amenazar con la huelga general en el supuesto de que la propia incompetencia de sindicatos y patronal forzara a intervenir al Gobierno con otro decreto posiblemente insatisfactorio para todos. Habrá paro masivo en junio si se lesiona a los trabajadores, amenazan…
Toxo, el más activo portavoz de los negociadores, insiste en que a les gustaría llegar a un acuerdo de reforma laboral antes de este próximo lunes. Eso sí, Comisiones y UGT instan al Ejecutivo para que se implique activamente en las negociaciones… Pero no acepta que la última palabra sea la que haga pública el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado en forma de decreto. Y en ese sentido cabe interpretar el hecho de que el presidente Zapatero haya decidido no viajar a Brasil, a la conferencia sobre la Alianza de Civilizaciones, para seguir muy de cerca, y acaso intervenir, en las negociaciones. Zapatero no descarta reunirse nuevamente con los agentes sociales para impulsar el acuerdo…
De modo que estamos comprobando cómo cada cual fuerza con las armas a su alcance, a la espera de que los tiempos que aún restan sean suficientes para aproximar posiciones. El Gobierno, en boca de Corbacho, hace una doble advertencia: mientras aboga por dar más tiempo a los agentes sociales, advierte también de que no le temblará el pulso en la reforma, las centrales amenazan con el gran fantasma de una huelga general que el Gobierno hará todos los esfuerzos por evitar, y la patronal tiene en su seno la grave dificultad de una desautorización cada vez más amplia de su principal dirigente, Díaz Ferrán, acosado por los problemas de sus empresas. Se insiste en que la patronal atraviesa la crisis más grave de sus 33 años de historia por el fuerte deterioro de la imagen del «patrón de patronos».
En ese panorama, la opinión pública presiona a los negociadores, y en buena medida apoya al Gobierno si, concluido el plazo, la mesa de diálogo sigue sin dar el fruto que trata de lograr desde hace meses, y que ve inalcanzable por las posiciones de partida de cada cual y su firme propósito de no ceder. Pero, como se ha repetido hasta la saciedad en este tiempo, más vale un mal acuerdo -o un acuerdo regular, o «pasable»- que un decreto que no satisfaga a nadie… Y en todo caso, la habilidad y el conocimiento de una materia tan amplia y con tantas variables posibles, tendría que hacer posible que el Gobierno pudiera actuar para dar satisfacción a las partes, que no son sólo sindicatos y patronal, sino también mercados, opinión pública, ciudadanía…
