José Cavero – Un Código Penal aun más endurecido.


MADRID, 10 (OTR/PRESS)

Hay en España casi 77.000 presos que llenan las cárceles. Son más que en Alemania, que dobla en población a España. La razón de tanta afluencia es la dureza de la ley penal, el código de 1995, agravado en sucesivas reformas (25 en total) y convertido en uno de los más punitivos de toda Europa. Pues bien, el Parlamento acaba de endurecerlo aun más. El Senado aprobó este miércoles, definitivamente, la modificación de más de 150 artículos con los apoyos de los socialistas, CiU, Coalición Canaria y UPN, la abstención de PP y BNG y el voto en contra del PNV. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados ni el Senado se han enfrentado al evidente problema que supondría que la población penitenciaria siga aumentando al mismo ritmo de los últimos años. Nadie se atreve a defender ante la opinión pública que, quizá, sea necesario rebajar algunas penas para que el sistema no se colapse.

Esta macrorreforma de ahora ha ido acompañada de una memoria económica que ocupaba exactamente folio y medio y que decía, sin mucha explicación, que la reforma no tendría impacto en la población reclusa. Pero, aunque ciertos aspectos -como suavizar las penas por tráfico de droga para casos de escasa entidad o convertir en falta las infracciones de los manteros para que no entren en la cárcel- pueden hacer que disminuya algo el número de presos, la mayoría de las medidas endurecen de forma evidente el Código. En efecto, la reforma agrava las penas por terrorismo, crímenes sexuales y corrupción en delitos urbanísticos y ambientales; introduce la libertad vigilada para algunas infracciones; recoge el concepto nuevo de «grupo criminal»; las personas jurídicas, por primera vez en la historia, podrán ser imputadas; y los ladrones multirreincidentes irán a la cárcel los fines de semana.

Observa un análisis de El País que «algunos de los cambios eran necesarios para incorporar al derecho español obligaciones internacionales. Pero no todos. Ni siquiera la mayoría. Se han agravado las penas mucho más de lo que era estrictamente necesario». Y menciona, por ejemplo, los delitos sexuales. El Gobierno justificó el aumento punitivo por la necesidad de trasponer al derecho español la normativa europea. Pero sólo un porcentaje mínimo de cambios eran obligatorios. También se han agravado las penas para carteristas reincidentes, que podrán ir a la cárcel en fin de semana y festivos. Al PSOE, que había asegurado durante la tramitación parlamentaria que endurecería las penas para delitos graves y de «cuello blanco», pero en ningún caso para los pequeños delincuentes, le ganó la partida CiU, impulsor de este cambio. El cumplimiento de estas penas generará problemas evidentes a Instituciones Penitenciarias, que no sólo tiene las prisiones a rebosar de lunes a viernes.

Otra medida que generará mayores sanciones es el nuevo concepto de «grupo criminal». Se ha incluido un castigo específico para los autores que pertenezcan a «organizaciones criminales» si se cumplen ciertos requisitos: que haya una cierta estructura, estabilidad y una división funcional. Pero, cuando no se cumplan, siempre y cuando haya más de dos personas que participen en el delito, se podrá entender que forman, al menos, un «grupo criminal». La modificación legal recoge también, por primera vez, la responsabilidad penal de las empresas que, como cualquier persona física, podrán ser acusadas y sancionadas por delitos como las estafas, delitos medioambientales y cohechos. Es una responsabilidad independiente de la de los individuos concretos de la compañía. La regulación tiene algunas lagunas y nadie sabe muy bien cómo se aplicará finalmente, pero lo que pretende es evitar la impunidad.

En el catálogo de delitos que las empresas pueden cometer quedan fuera los delitos contra los derechos de los trabajadores. Conductas tan comunes como la explotación laboral de inmigrantes o el grave incumplimiento de las normativas de seguridad e higiene, muy relacionadas con los accidentes laborales. La reforma incluye también nuevos tipos como la piratería, la corrupción entre particulares o el tráfico de órganos. Se ha quedado por el camino la gran petición del PP: la cadena perpetua revisable. El PSOE la tachó de inconstitucional y no obtuvo consenso del resto de los grupos.

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