MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Para esta semana, el día «en recuadro» es el martes, por razón de la votación que ha de producirse en el Congreso para convalidar el decreto del Gobierno sobre reforma del mercado del trabajo, esas treinta páginas del Boletín Oficial que unos pocos defienden y otros argumentan que es preciso modificar cuanto antes y en profundidad para convertirla en ley con período de enmiendas y debates de los grupos parlamentarios.
Lo cierto es que, desde antes de que naciera ese decreto, está siendo discutido por expertos o por profanos. Se discute, sobre todo, si servirá o no para lo que se supone que debiera ser su cometido fundamental: Facilitar la creación de empleo. Y ya hemos escuchado opiniones sorprendentes, como la del propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, presunto responsable máximo del texto, que ha explicado varias cosas distintas, entre ellas que no tiene por qué servir, y no servirá para crear empleo, aunque sí para que siga creciendo el desempleo, para evitar que se siga destruyendo empleo…
Ahora, en otra explicación no menos sorprendente, dice Corbacho que adelantar los cambios en el mercado del trabajo podría haber contenido la destrucción de empleo, pero niega que este decreto, o esa futura ley, vayan a abaratar el despido… Otra información de este domingo nos asegura que la reforma laboral no creará empleo «a corto plazo», y que los efectos de la propuesta del Gobierno puede demorarse meses o años…
Y mientras tanto, desde el PP se sigue proporcionando munición contra el decreto, en un comportamiento no menos confuso que el del ministro Corbacho: Primero dijeron que no serían contrarios a estudiar el texto y hasta a darle su apoyo, luego que se abstendrían y ahora, que se hace imprescindible modificarlo, en su pase a proyecto de ley para evitar que sea un germen de conflicto en los tribunales. ¿No nos acaba de decir el presidente del Fondo Monetario Internacional que normas como ésas garantizan un crecimiento económico para dos décadas en España?
Pues bien, estamos en vísperas de esa nueva «votación trascendente», a la que el Gobierno llega con menos ansiedad y dudas que ante el anterior decreto con las medidas de ajuste duro. Por lo menos, de entrada, cuenta también con la abstención de los convergentes de Unió, como en la ocasión anterior, también deseosos de acometer las modificaciones que harán, se supone, que el texto del Gobierno deje de ser «un churro», según la calificación del «dual Durán», que apoya y ataca sin solución de continuidad al jefe del Gobierno.
Ahora acaba de proclamar que la economía española no resistiría las elecciones anticipadas que reclama el PP, y que a él mismo le gustarían. Una vez más, se encomienda a la superior necesidad del Estado, como el grandísimo estadista que el país necesita… Casi igual que el portavoz de Esquerra, Joan Ridao, que también ha mantenido distintas visiones y versiones sobre su actitud ante el decreto, y que posiblemente terminará absteniéndose e incluso oponiéndose, como la restante izquierda de IU-ICV…
Y mientras tanto, a Zapatero y a su decreto le han salido otros tres enemigos acérrimos, Méndez, Toxo y Díaz Ferrán. No contentos con haber pospuesto sus propios deberes durante casi tres años, y declarados incompetentes para encontrar el mínimo consenso que se les había reclamado «en exclusiva», ahora se han convertido en atacantes feroces, y llegan más allá de lo que hace la oposición política: desautorizan e invalidan por completo a su antiguo benefactor y aliado, el jefe del gobierno.
