José Cavero – La implicación de Fabra, avanza


MADRID, 26 (OTR/PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción concretó el viernes las imputaciones que pesan sobre el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP): pide que se le juzgue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y por cinco fraudes fiscales. Según expuso Anticorrupción, el dirigente popular hizo de intermediario para intentar influir en la autorización de productos fitosanitarios en beneficio del que era entonces su amigo, Vicente Vilar. Fue este empresario el que destapó el caso al acusar a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

Durante muchos años, Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, y relevante militante del PP en la provincia y en la Comunidad Valenciana, pareció al margen de muchas normas vigentes, y sin que la ley pareciera afectarle. Ni siquiera las reglas de la probabilidad: Fabra se veía favorecido muy a menudo con precios de la lotería. Ahora, finalmente, parece que su causa avanza, y que podríamos verlo pronto en un banquillo de acusados. Según nos ha relatado el diario El País, la fiscalía considera probado que este político mantuvo reuniones con otros responsables políticos y administrativos, y que el empresario le pagó por esas gestiones. Como base de la acusación de fraude fiscal cuenta con un informe pericial que desvela que, entre 1999 y 2004, el matrimonio Fabra registró ingresos que no se corresponden ni con su patrimonio ni con su renta y defraudó 1,7 millones de euros a Hacienda.

El hecho más llamativo de la vista celebrada en el Juzgado número 1 de Nules (Castellón) fue la solicitud de la fiscalía del sobreseimiento de todos los imputados citados excepto cuatro: Fabra; su mujer, María Amparo Fernández, a la que excluye de la autoría de los delitos contra la Administración pública ; Vicente Vilar; y la ex mujer de este, Monserrat Vives. Según el relato de hechos, el fiscal no esgrimió sus motivos, pero la base legal es la ausencia de indicios para juzgar la participación de funcionarios o cargos públicos en la trama, pese a las decenas de escritos que remitía por ejemplo, el ahora ex senador del PP Miguel Prim, interesándose por los productos de Vilar. Por el contrario, la acusación popular, representada por la Unión de Consumidores, pidió en un detallado informe que a las citadas imputaciones, se sume la de prevaricación.

Solicitó además que se procese a los siete directores de oficinas bancarias en las que operaba Fabra, al entender que los movimientos en sus cuentas no hubieran sido posibles sin la «estrecha colaboración» de estos. Horas después, Fabra remitió un comunicado en el que proclama su inocencia. «No he presentado la dimisión porque soy inocente», señaló. El presidente de la Diputación no acudió a la vista porque se encuentra convaleciente de un trasplante de hígado. Quien sí fue trasladado desde prisión, donde cumple condena por agresión sexual, fue Vilar, quien salió de los juzgados, esposado, defendiendo su inocencia de ese delito.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Carlos Fabra cobró dinero de un amigo, Vicente Vilar, a cambio de reunirse con responsables políticos y de la Administración a los que debía convencer para que autorizaran la venta de los productos fitosanitarios (plaguicidas y venenos contra insectos) del empresario. Ese dinero recibido por los favores no lo declaró a Hacienda.

De manera que, poco a poco, empieza a desenredarse la madeja, y empieza a funcionar la imparable máquina de la Justicia, se supone que para todos igual de implacable y severa.

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