MADRID, 2 (OTR/PRESS)
Nadie quiere quedar mal con nadie, salvo los que viven de la tensión nacionalista. El PP afina un perfil bajo para evitar cualquiera de las esquirlas de la bomba que ha estallado con la sentencia del estatuto de Cataluña: por una parte, quiere hacer olvidar que la iniciativa del recurso fue suya y por otra no reconocen el varapalo que le ha dado el Tribunal Constitucional. El presidente Zapatero busca un puente con la Generalitat para que la quiebra institucional que propone Montilla pueda ser asumida por el PSOE a cambio de una pirueta que «refuerce el estatuto en los temas afectados por el Tribunal Constitucional». Quienes más protestan, ERC, amenazando con las penas del purgatorio, votó y pidió el voto en contra de este estatuto en referéndum. CiU está en su papel de no reconocer legitimidad al Tribunal Constitucional para modificar una coma de lo refrendado por los ciudadanos de Cataluña. Y quiere alimentar la tensión porque hay elecciones a la vista.
Probablemente los sujetos de la política, los ciudadanos, en su mayoría están perplejos: no entienden que si se ha respetado la mayoría del estatuto, la sentencia necesite una respuesta. ¿Cómo se responde al Tribunal Constitucional? ¿Con una manifestación? ¿Desacatando la sentencia?
En España no se ha interiorizado lo que es un estado de derecho. Es bien sencillo para quien lo quiera entender: es la adecuación de todas las conductas sin excepción, al imperio de la ley y la obligación de que sean conocidas de antemano las consecuencias jurídicas de cualquier acto con transcendencia pública.
Cuando Pascual Maragall convenció al candidato Zapatero de hacer un nuevo estatuto y el futuro presidente se comprometió a aceptar el que le fuera remitido del Parlament, todo el mundo hubiera debido conocer las consecuencias del pacto del Tinel y la legitimidad del PP para plantear un recurso de constitucionalidad. Las reglas estaban a la vista de todos. Ahora, cuando la sentencia por fin se produce y es básicamente acorde con el texto enjuiciado, los nacionalistas catalanes, encabezados por el socialista Montilla, preparan una respuesta, mientras el presidente Zapatero busca reforzar los temas afectados por la sentencia del Constitucional: ¡ por favor, hay alguien ahí, en la política, que tenga un poco de sentido común¡
