MADRID, 30 (OTR/PRESS)
La normativa sobre construcción en las cercanías de las playas sigue en una cierta confusión, entre normas y ejecución de tales normas. En muchos casos, o en todos ellos, depende de la voluntad de los administradores autonómicos la ejecución de esa norma, y en ocasiones, se pospone meses y hasta años el cumplimiento de sentencias judiciales ganadas y recurridas en favor de la propiedad pública de esas «proximidades del mar». En la Voz de Galicia se ha hablado este viernes de la aprobación inicial del plan que ordenará la protección y usos del suelo costero gallego, que implica el levantamiento, desde ahora mismo, de la prohibición cautelar de edificar en el 7 por ciento de la superficie urbanizable situada a menos de 500 metros del mar, que el bipartito blindó por ley hace tres años. El plan mantiene la suspensión de toda actividad urbanística en 6.858 de las 7.372 hectáreas paralizadas por la norma de los 500 metros, y retira el veto al ladrillo en las 514 restantes, distribuidas en 259 suelos.
Según este reportaje de La Voz, la ordenación del litoral, en cuya tramitación la Xunta da un paso más para cumplir una asignatura en la que lleva más de cinco años de retraso sobre el plazo que se dio en la Lei do Solo, acaba con esa referencia de los 500 metros y extiende la prohibición de cualquier uso residencial en 2.792 hectáreas más allá de esa área. Feijoo tiró de esa prolongación de la zona protegida para subrayar que las 9.650 hectáreas que en conjunto paraliza el plan incrementan en un 31 por ciento la superficie blindada en la costa respecto a la ley de los 500 metros, a la que el actual Gobierno añadió dos prórrogas. Aunque la trascendencia social y económica de la protección no puede ser la misma en la zona más próxima a la costa -la más expuesta a la demanda urbanística- que en la más distante.
Esa presión tampoco es la misma en todos los concellos, lo que condiciona el impacto real de las medidas. Por eso, la prohibición en 469 hectáreas de suelo urbanizable en Sanxenxo, donde el veto se extiende a 678 fuera de los 500 metros, tiene más calado que la paralización de 1.503 en Ponteceso, que aunque es el concello con más terreno bloqueado está expuesto a menos tensiones urbanísticas. Por el mismo motivo, el plan tendrá más efecto en Cervo (528 hectáreas paralizadas a menos de 500 metros), Foz (503) y Vilagarcía (461 en la franja y 652 fuera). Por el contrario, los concejos con más suelo urbanizable cerca de la costa en el que el plan retira la prohibición son A Coruña (148 hectáreas), Sanxenxo (39) y Boiro (36). La ciudad de A Coruña concentra, por tanto, el 29 por ciento de toda la superficie costera en la que se levanta la moratoria cautelar, una proporción que también relativiza la decisión de la Xunta respecto al blindaje total de la norma de los 500 metros.
En todo caso, la fotografía del plan del litoral gallego no es definitiva. De hecho, el documento que este viernes publica el Diario Oficial de Galicia muestra variaciones significativas sobre el que presentó en enero el Gobierno de Feijoo. De una estimación de paralizar 3.000 hectáreas urbanizables a menos de 500 metros se pasa a 6.858. Además de la exclusión de los concejos en los que el plan no será de aplicación por contar con planteamientos adaptados a la ley 9/2002 (Vigo, Oleiros, A Pobra do Caramiñal, Laxe y Paderne), Medio Ambiente explica la diferencia por la apuesta por un criterio restrictivo en todos los suelos que pudieran ofrecer dudas de compatibilidad con el plan del litoral. Habrá que ver la evolución en el documento definitivo, previsto para diciembre, aunque el conselleiro Agustín Hernández, aseguró ayer que el inicial está «moi cerca de ser o que Galicia necesita». Feijóo resaltó que «ahora sí habrá un plan donde antes había una prohibición» y que «se puede actuar sin desproteger y proteger sin paralizar». Proclamó la «vocación de consenso» de la Xunta con una planificación que ahora inicia la exposición pública antes de su aprobación definitiva. Los concejos tendrán dos años para adaptarse. Por lo menos, en Galicia ya tienen normas a las que atenerse, aunque se hayan modificado en apenas cinco meses…
