MADRID, 15 (OTR/PRESS)
Si ahora mismo hay alguna profesión u oficio demonizado y que no goza, precisamente, de «buena prensa» ni de opinión pública favorable, ésos son los controladores aéreos, unos técnicos a sueldo del estado que han logrado, en unos pocos días -o en unos pocos años-, llegar a tener la consideración de socialmente «malditos».
Uno de ellos, tras comprobar la reacción de amplísimo rechazo que su mera presencia producía hace unos días en un supermercado, confesaba su estupor y se sorprendía: «Cómo hemos podido llegar a ese punto de desprecio generalizado y de rechazo de la ciudadanía», reconocía a un amigo. Las revelaciones que el ministro de Fomento, José Blanco ha efectuado en los últimos tiempos, y en concreto, las que expuso este martes ante la Comisión de Fomento del Congreso, sobre algunas de las condiciones de privilegio de los controladores aéreos, consagradas en el último convenio colectivo, alientan y confirman esa pésima impresión general, y fuerzan a preguntarse, una y otra vez, cómo se ha podido llegar a este punto, y cómo los anteriores ministros han asumido unas posiciones tan impresentables.
En concreto, José Blanco hacía públicas las condiciones del convenio firmado en 1999 y que, según el ministro, han sido fruto de los sucesivos chantajes de este colectivo, pero que han permitido que un solo trabajador cobrara, en 2008, un millón de euros en concepto de horas extras. Un convenio, asimismo, que pretendía ahora que los controladores que se retiran a los 52 ó 55 años sigan recibiendo ese salario de por vida. Los abusos han ido elevándose de año en año, según parece. Hasta el punto, según el ministro, de que las retribuciones medias de los controladores españoles fueron de 323.000 euros al año, más del doble que las de los alemanes y casi el triple que las de los británicos. «Siempre han utilizado una estrategia de presión y chantaje, a lo largo los últimos 30 años. En todos estos años, los controladores habían ido ganando pulsos a AENA y a los diferentes gobiernos, con lo que hacían crecer su edificio de privilegios», explicaba José Blanco, según parece, el primero de los sucesivos ministros que, finalmente, y como suele decirse, ha puesto «pie en pared», y ha dicho hasta este punto de abuso hemos llegado.
En concreto, este convenio que ahora está en discusión, y que entró en vigor el 1 de enero de 1999, cuando gobernaba el PP, permitía que los controladores pudieran pasar a situación de inactividad (jubilación) al cumplir 52 años y con 30 años de servicio, (ó 55 años en todo caso) de forma voluntaria y automática, conservando las retribuciones que tenían en activo. Además, se perpetuaba un sistema de horas extras, unas 600 de media al año, «cobradas a un precio muy elevado, y que ha sido la causa fundamental de un incremento desmesurado, de un 60%, de la tarifa de ruta de 2000 a 2004».
El ministro puso el ejemplo de un controlador de la torre de Barajas, que hizo 1.200 horas extraordinarias en 2008, lo que le supuso una retribución total de casi un millón de euros. Y en ese mismo año, más de un representante del sindicato Usca superó la retribución de 600.000 euros (100 millones de pesetas). El abuso de los controladores, de sus dirigentes sindicales y de su sindicato USCA es manifiesto y escandaloso. Pero no es menos hiriente la situación de transigencia y permisividad que han mostrado los sucesivos responsables máximos de este gremio de profesionales, capaces de lograr la paralización total de un país porque, según sus cuentas, han llegado ya a un máximo de horas extraordinarias que un departamento ministerial se niega a retribuir en esa condición de extras…
