MADRID, 17 (OTR/PRESS)
Los sindicatos que convocaron una huelga general contra el Gobierno de Zapatero (PSOE) por sus políticas de ajuste, con masivas manifestaciones en la calle, son los mismos que vienen convocando en la calle a los murcianos contra el Gobierno autonómico de Ramón Valcárcel (PP). Y la dureza del discurso del PP contra el PSOE, a escala nacional, por la congelación de las pensiones no es muy distinto del discurso del PSOE contra el PP, a escala autonómica, por los recortes salariales en los servicios públicos de Educación y Sanidad.
Es más, el propio presidente del Gobierno de la Nación ha elogiado la valentía del presidente murciano, Valcárcel, por afrontar con tanta resolución la tarea de sanear unas cuentas autonómicas que se habían desmadrado. Las que más, junto a la autonomía castellano-manchega gobernada por el socialista Barreda. Es un contrasentido asociar en la figura de Zapatero el aplauso a Valcárcel y, al mismo tiempo, la instigación de las agresiones físicas contra uno de sus consejeros.
Sin embargo, véase cómo las líneas de fuerza del debate entre los dos principales partidos del sistema se cruzan. Así los respectivos discursos del PSOE y del PP son respectivamente contrapuestos a escala murciana y a escala nacional. Y no es más agresivo el lenguaje utilizado por los socialistas contra el Gobierno murciano del PP que el lenguaje utilizado por los dirigentes nacionales del PP contra el Gobierno de Zapatero.
Si rechazamos estas premisas tomadas de la realidad objetiva, somos candidatos a aceptar que de la incalificable agresión al consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Murcia, Alberto Cruz, tienen la culpa el PSOE, por «inducción a la violencia», según la dirección del PP murciano, y la Delegación del Gobierno, por no haber evitado la agresión, protegido, según Mariano Rajoy en declaraciones a RNE de este lunes.
Para ventilar el aire viciado de este debate lo mejor sería una pronta detención de los autores de la brutal agresión al consejero murciano, que ya ha entrado envía judicial y va a entrar en la parlamentaria. De los autores materiales y de quiénes pudieran estar detrás de tan abominable acto.
Entretanto, me parece una falta de respeto institucional acusar a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de no haber cumplido con su deber de evitar la agresión a Pedro Alberto Cruz.
En cualquier caso, insisto, sería una excelente noticia para bajar el nivel de crispación la inmediata detención de los culpables. Ese sería el mejor argumento para demostrar que, efectivamente, es injusto relacionar sin más este salvaje episodio, condenado por todas las fuerzas políticas y sindicales, con la supuesta desidia en las funciones policiales encomendadas a la Delegación del Gobierno en Murcia.
