MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Los mercados no se fían de las autonomías ni de las Cajas de Ahorro. Lo primero se lo ha dicho Zapatero a sus barones y lo segundo lo ha anunciado en una rueda de prensa improvisada y sorpresiva la vicepresidenta Salgado. Lo primero es grave porque las autonomías gestionan hoy la parte del león del pastel del dinero público y van a tener que hacer equilibrios imposibles para cumplir el objetivo del déficit y pagar lo que deben.
Lo segundo es más grave por muchos motivos. El primero que el Gobierno dijo no hace mucho que el sistema financiero español era el mejor del mundo mundial. Inmediatamente tuvo que poner dinero público para sanearlo. Más tarde abordó una reforma de las Cajas que eliminaba incertidumbres y, pocas semanas después, anuncia, por sorpresa y en una rueda de prensa improvisada, que nada de lo hecho es suficiente y que nacionalizará en septiembre aquellas Cajas de Ahorro que no haya conseguido capital privado que garantice su solvencia. Y en todo caso, nos dice a los ciudadanos que tendrá que poner una cantidad incalculable de dinero público -es decir, nuestro- para sanear las Cajas. Y no pasa nada.
Durante los últimos años, las Cajas de Ahorro han estado controladas por un Consejo de Administración donde los políticos hacían y deshacían a su antojo. Narcís Serra ha sido el mandamás de Caixa Cataluña. Rodrigo Rato lo es de CajaMadrid. Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón se pelearon durante meses por ver a quién «colocaban en la presidencia de la entidad. En Cataluña, nada se mueve en La Caixa si no es con la aquiescencia de la Generalitat. Un político de tres al cuarto, Juan Pedro Hernández Moltó, fue premiado con la presidencia de Caja Castilla La Mancha y el pufo que nos ha dejado lo vamos a pagar entre todos. En las asamblea generales de cada una de estas entidades, el 40 por ciento de los vocales los elegían los partidos políticos, vía ayuntamientos o comunidades autónomas, un 5 por ciento los sindicatos, que también han tenido puestos de mando y un 44 por ciento los impositores, donde también sacaban tajada los políticos organizados. Esperar que, después de eso, la gestión de las Cajas respondiera a criterios técnicos y de rentabilidad económica, es un sarcasmo. Y los políticos han callado impunemente.
Ahora ya se exige que un 50 por ciento de los miembros del Consejo de Administración demuestren que tienen cualificación y experiencia para lo que se les encomienda, es decir que saben de qué va eso. A buenas horas. Pero la pregunta es: ¿y nadie tiene responsabilidad? Los gestores de esas Cajas que han concedido y negado créditos, sin tener la preparación adecuada y plegándose al poder político de turno, no tienen ninguna responsabilidad? ¿Y los políticos que les pusieron, tampoco? ¿Se van a ir de rositas después de todo, tras haber cobrado sueldos importantes, dejando el pufo a los ciudadanos? Y luego hablan*
