MADRID, 27 (OTR/PRESS)
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en contra del criterio de la Fiscalía de reabrir el conocido como «caso Faisán» pidiendo que se realicen mas diligencias es de las pocas buenas noticias que nos ha proporcionado nuestro Estado de Derecho en los últimos tiempos.
Porque el «caso Faisán» es algo más que un «incidente» como de forma torticera lo tildó el pasado miércoles en la sesión de control del Congreso de los Diputados, el Vicepresidente Primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El caso «Faisán» puede ser el hecho mas grave acaecido en nuestra historia reciente en el campo de la lucha antiterrorista. Porque si graves y absolutamente condenable fueron los crímenes de los GAL cometidos en la década de los años 80, no lo es menos el que miembros de la Policía presuntamente avisaran el 4 de mayo del 2006 a miembros de ETA relacionados con el aparato del mal llamado «impuesto revolucionario» para que no acudieran a una cita en el sur de Francia ya que en caso de hacerlo había preparada una operación policial para detenerlos.
Si se prueba que esto fue así -y eso es lo que el juez Ruz quiere que se siga investigando- las responsabilidades políticas de esos hechos son evidentes y afectarían de lleno a la cúpula del Ministerio del Interior de aquel entonces, en cuyo vértice ya se encontraba el todopoderoso Rubalcaba. Porque es metafísicamente imposible pensar que una actuación de ese tipo la pudieran llevar a cabo unos funcionarios policiales sin el consentimiento, aliento y visto bueno de sus superiores jerárquicos. Sin olvidar tampoco el «contexto» en el que se produjo ese chivatazo a ETA que no era otro que el proceso de negociación política con la banda terrorista que por aquellas fechas llevaba a cabo Zapatero. Es decir, que los responsables políticos de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio del Interior pudieron supeditar el cumplimiento de la ley y la detención de unos terroristas a las conveniencias políticas del momento.
En la lucha antiterrorista como en cualquier otro orden de la vida, el fin nunca puede justificar los medios que se pongan para obtenerlos. Hace unas semanas supimos por boca del interesado que el ex presidente del Gobierno Felipe González tuvo la oportunidad de ordenar a finales de los años ochenta la voladura de la cúpula de ETA de aquel entonces y que pasado ese tiempo no sabía si había tomado la decisión correcta, que fue el no hacerlo. Esa duda de González es en si misma inquietante. Porque si no se tienen claro los principios de respeto a la ley por parte de los gobernantes, entonces pasa lo que pasa: crímenes de los GAL, saqueo de los fondos reservados destinados a la lucha antiterrorista y ahora veremos si la justicia determina que hubo chivatazo policial a ETA.
