Charo Zarzalejos – La liberación.


MADRID, 24 (OTR/PRESS)

La deliberación de la Sala del 61 del Tribunal Supremo no ha sido fácil. El resultado ha sido ajustado pero suficiente. Si bien es verdad que estábamos habituados a la unanimidad cada vez que han tenido que deliberar sobre los sucesivos intentos de la izquierda abertzale de obtener su legalización, el resultado final no quita un ápice ni de legitimidad ni de fuerza a la decisión del Tribunal. Todos los días, en multitud de asuntos, se producen en los tribunales situaciones similares. Esto significa que el Derecho no es una ciencia exacta y que los magistrados tienen plena libertad de criterio a la hora de establecer sus respectivas tesis.

En esta ocasión la pulcritud formal de los estatutos presentados por SORTU hacen razonable el debate y, en cierto modo, refleja la falta de unanimidad que se produce en la sociedad. Sería absurdo negar que en el País Vasco y fuera de él hay gentes partidarias de la legalización porque creen ver en SORTU una posición clara y nítida de despegue de la violencia.

Se sostiene por los partidarios de la legalización que el Tribunal no puede juzgar intenciones ni opiniones. Y es verdad. Las intenciones pertenecen al mundo de la privacidad de cada cual y estas tienen difícil traducción jurídica. Y las opiniones tampoco son susceptibles de juicio. En nuestro Estado de derecho todas las opiniones son legítimas y las de aquellos que abogan por la independencia, también.

Aquí no se trata de eso. Se trata de una forma de «estar» en política y todavía nadie ha dado una explicación convincente de por qué SORTU no pide expresamente a ETA que desaparezca. No es compatible pretender aparecer como un proyecto democrático sin que ETA repugne.

En este mismo capítulo de «estar» en política, resulta llamativo que SORTU «rechace» un eventual e hipotético atentado contra el lehendakari López y no «rechace» los dos asesinatos confesados por el mismo comando que ,según declaró, tenia previsto haber asesinado a Patxi López en un acto de homenaje a Eduardo Pueyes, policía asesinado por ETA hace dos años. Se podría añadir como reflexión que ETA podría haberles ayudado diciendo que lo suyo había acabado. Pero nada de esto ha ocurrido. Ni SORTU abjura de ETA y ni ETA está por retirarse. Así las cosas es más que razonable que la mayoría de los magistrados hayan optado su ilegalización. Las intenciones no se pueden juzgar. La forma de «estar» en política, si.

Será el próximo martes cuando se conozca el fallo y los votos particulares anunciados. En un caso y en otro habrá interesantes reflexiones jurídicas que darán como resultado un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Mientras esto ocurre es seguro que los hoy ilegalizados se apresuraran a poner en marcha el plan B que sin duda ya tienen diseñado. El tiempo apremia y no se tardará en visualizar los pasos que la izquierda abertzale vaya dando. De momento las reacciones políticas son las esperadas. El PNV afirma lamentar la decisión, pero si a algún partido le importa poco o nada que SORTU esté o deje de estar en las elecciones es precisamente al partido de Iñigo Urkullu.

Los socialistas vacos, con el lehendakari a la cabeza, afirman acatar la sentencia como si tuvieran opción a otra cosa, pero hay que señalar que además de a los afectados si a algún colectivo ha disgustado el fallo ha sido precisamente al PSE con Patxi López a la cabeza que llego a afirmar que los escritos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía eran muy «flojos».. A veces el silencio es el mejor discurso.

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