Antonio Casado – Sortu, la política y la ley.


MADRID, 25 (OTR/PRESS)

Gracias al Estado de Derecho que ellos quisieran reventar, por las buenas o por las malas, los amigos políticos de la banda terrorista Eta han estado a punto de reincorporarse a la legalidad sin arrepentirse del daño causado durante todo ese tiempo de dolorosa memoria.

Este es el incómodo punto de estupor que nos deja el desenlace de los debates en la sala especial del Tribunal Supremo sobre la procedencia o no de inscribir a la vieja Batasuna, ahora con el nombre de Sortu, en el Registro Oficial de Partidos del Ministerio del Interior.

De hecho, el presidente del Tribunal, Carlos Dívar, tuvo en su mano la posibilidad aritmética (sólo la posibilidad aritmética, ojo, pues su cabeza de jurista nunca estuvo por la legalización) de inclinar la balanza del lado contrario mediante su voto de calidad en un empate de ocho a ocho. No fue el caso. El nueve a siete resultante contra de la legalización, deja las cosas donde estaban. Es decir, la antigua Batasuna, a la que Sortu pretendía dar continuidad, sigue formando parte de «una estructura integrada en Eta para hacer más eficaz la acción terrorista».

No obstante, los dieciséis magistrados no se mimetizaron con la dureza «política» del Gobierno, en complicidad con el primer partido de la oposición, el PP, expresada en las demandas presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General. O no todos lo hicieron. Así se refleja en la votación final y la presentación de votos particulares. Ahí vemos cómo la fundada sospecha de que siguen vigentes los motivos de la ilegalización de 2003 se supedita a la observancia de principios fundamentales como la separación de poderes, la igualdad ante la ley y el derecho de participación política.

Una argumentación en la que técnicamente pueden reconocerse los promotores de Sortu, que se limitaron a cumplir las formalidades previstas en la Ley de Partidos para recuperar el derecho a competir en las urnas en igualdad de condiciones con los demás. Sin embargo, los dirigentes de la llamada izquierda abertzale han adoptado de nuevo el papel de víctimas, denunciando una presunta conspiración política de los dos grandes partidos para dictar el voto a los dieciséis magistrados de la famosa sala del 61.

Eso se desmiente por sí sólo ante el hecho de un Tribunal Supremo dividido sobre si la ley está o no de parte de los amigos políticos de Eta (Sortu). Ese nueve a siete final no permite suponer que, como dicen los responsables de Sortu, haya habido una estrategia concertada y definida por los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP. Más bien es un correctivo a los que políticamente hemos venido descartando otro fallo que no fuera el del frenazo a la operación de blanqueo «legal» y «político» iniciada por la Batasuna de siempre con otros collares.

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