Fermín Bocos – Con el agua al cuello.


MADRID, 30 (OTR/PRESS)

Las noticias contenidas en las actas de las reuniones mantenidas por dirigentes de la banda terrorista y los negociadores enviados por Zapatero son desoladoras. Algunas inducen directamente a la náusea y todas ellas a exigir responsabilidades a quienes fueron capaces de engañar a los ciudadanos manteniendo vivo un proceso -que públicamente proclamaban cerrado- pese a que la banda ETA hubiera asesinado en la T4 de Barajas a dos inmigrantes ecuatorianos. Es inadmisible que ocultaran a la opinión pública la existencia de cartas de extorsión enviadas a algunos empresarios en los días en los que supuestamente la banda había ofrecido una tregua y desasosiega pensar que un fiscal de la Audiencia Nacional, conocido por su tenacidad en la lucha contra la ETA, pudo ser relevado «para facilitar el proceso».

Y, qué decir de la abochornante servidumbre que desvelan las anotaciones que corroboran el llamado «chivatazo» del bar Faisán. Estas y otras noticias contenidas en las actas de las reuniones mantenidas por dirigentes de la banda terrorista y los negociadores enviados por Zapatero, deben ser aclarados. Los datos que conocemos proceden de las actas incautadas por la Guardia Civil al jefe etarra «Thierry», pero dado que el centro «Henry Dunant» de Ginebra medió en el proceso, el juez (Pablo Ruz) que instruye el caso por el «chivatazo» tiene en su mano verificar en fuente inequívocamente fiable todos los extremos de tan maloliente asunto.

Debería hacerlo sin demora. Los ciudadanos tenemos derecho a saber la verdad. Si lo publicado no fuera cierto, la oposición, que por boca de Mariano Rajoy reclama dimisiones, tendría que retractarse. Si, por el contrario, las actas custodiadas en Suiza casan con los documentos incautados a los etarras, será el señor Zapatero, responsable y motor de aquél proceso de negociación a toda costa, quien nos deba a los españoles algo más que un explicación. Ignoro cómo acabará la cosa en términos judiciales, lo que es evidente es que en términos políticos y en relación con este asunto, el presidente y su ministro del Interior están con el agua al cuello. Puesto que en democracia nadie está por encima de las leyes, el desenlace de este asunto dirá mucho acerca de la buena o mala salud de nuestro sistema democrático.

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