MADRID, 8 (OTR/PRESS)
Entre las recomendaciones de la Comisión Europea a España, que serán aprobadas en la próxima cumbre de la UE (23 y 24 de junio) figura la de que garantice los objetivos de déficit público «en todos los niveles de gobierno». Con apelación concreta a mecanismos de control del déficit y la deuda en las comunidades autónomas. Y un expreso requerimiento para que el Gobierno fije una cota de gasto público inferior al crecimiento del PIB, tanto a escala nacional como regional.
Las recomendaciones de la Comisión han venido a coincidir con tres episodios de la actualidad no conectados entre sí, aunque son distintas caras de un mismo problema. El problema es el agujero financiero de las comunidades autónomas, uno de los dos graves motivos de la desconfianza de los mercados y los organismos internacionales respecto a la fiabilidad de las cuentas públicas españolas y, en consecuencia, a la calidad de su deuda soberana. El otro motivo es la sobrevaloración de activos inmobiliarios en los balances de bancos y cajas de ahorro españoles.
Vamos con los tres episodios. El primero, un toque de atención de la agencia Moody*s sobre el déficit de Cataluña (31.886 millones en 2010) y la falta de autoridad del Gobierno central a la hora de imponerle el techo convenido del 1,3. El segundo, las apelaciones del portavoz parlamentario de CiU en el Congreso de Diputados, Durán i Lleida, a la necesidad de revisar la financiación del sistema público de salud, principal causante del déficit presupuestario que agobia a las distintas comunidades autónomas.
El tercero de los episodios es de naturaleza política. A mi juicio, el más grave de todos, porque pone de manifiesto la incapacidad de las dos grandes fuerzas políticas nacionales, la que gobierna y la que aspira a gobernar, para entenderse en los grandes asuntos de Estado. Me refiero a la irresponsabilidad del PP al pregonar una supuesta quiebra financiera en la Comunidad de Castilla- La Mancha y una apresurada destrucción de documentos para ocultarla (o retrasar su conocimiento, digo yo, porque una quiebra no se oculta así como así).
Lo irresponsable no es denunciar el agujero negro en las cuentas de Castilla-La Mancha sino presentarlo como si fuera el único. Lo cual revela que la denuncia, reconducida luego por una propuesta de Rajoy para tratar con el PSOE el problema de la deuda autonómica en general, era interesada y no debida a una súbita pasión por la transparencia y la austeridad. Además el PP jugó a la contra de la marca España frente a unos mercados que siguen maliciándose un déficit público mayor del confesado (9,3 por ciento en 2010 y un previsto 6 por ciento en 2011), precisamente por la deuda autonómica y municipal.
