MADRID, 14 (OTR/PRESS)
La dimisión de los tres magistrados del Constitucional, no aceptada por Pascual Sala, hubiera supuesto una bronca política memorable de no estar nuestro país como está: con un Gobierno débil, una economía bajo mínimos y una credibilidad muy mermada de las instituciones. Puestos a dimitir muchos piensan que podían haberlo hecho antes y nos hubiéramos evitado el espectáculo de ver a Bildu en las instituciones para oprobio y vergüenza de las víctimas y los demócratas. Puestos a dimitir -con el argumento de que los magistrados están ya en tiempo de descuento- el vicepresidente del alto Tribunal, Eugeni Gay, no debería haber aceptado el cargo el pasado mes de enero porque su mandato ya entonces estaba caducado.
Puestos a dimitir, Elisa Pérez Vera -que fue la primera ponente de la sentencia del Estatut- no debería haber presentado cinco borradores en los que se daban el visto bueno a muchos artículos que privilegiaban a Cataluña, porque cuando lo hizo también había caducado su mandato. Incluso, puestos a dimitir, también lo podía haber hecho Javier Delgado -el único de los tres dimisionarios que ocupa el cargo a propuesta del PP- cuyo voto discrepante con la sentencia del Estatut fue tan duro que no había lugar a formar parte de un Tribunal tan político y politizado que sólo ofrece desprestigio a quienes lo integran.
Es verdad que el plante de los tres magistrados es histórico y que, en teoría, debería servir para forzar al PP y al PSOE a cumplir de una vez por todas con su obligación de renovar el TC. De haberse aceptado la marcha de los tres, el Constitucional habría quedado reducido a ocho magistrados y la ausencia de uno de ellos le hubiera dejado inoperante pero… da lo mismo. En el estado en que se encuentra nuestro país ya lo de menos es preguntarnos quién es el culpable de que PP y PSOE sean incapaces de ponerse de acuerdo para renovar una institución que debería ser clave, pero que ya sólo lo es por las nefastas consecuencias de sus últimas decisiones.
Hemos visto tantas escenas y tan impresentables en ese Tribunal que su función y su prestigio como máximo garante de la Constitución está por los suelos. Ya, lo de menos, es la cualificación técnica y profesional de quienes lo integran y, lo de más, es la sumisión total y absoluta a los postulados del partido que les ha nombrado. No se trata de vetar un nombre u otro porque, en la práctica, la excepción de la regla es que alguno de ellos se salte la disciplina del partido gracias al cual ha sido elegido. Es tan perverso y denigrante el tema, deja tan baja la imagen de la Justicia y cuestiona tanto la separación de poderes que, al final, todo se traduce a una posición de fuerza de un partido u otro con lo que nada parece que pueda cambiar porque el propuesto sea fulano o mengano.
Algo muy grave pasa en nuestra Democracia cuando el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son todo uno y la mano que mece la cuna es la misma en todos. Tal vez la única solución podría ser cambiar la Carta Magna para garantizar la independencia del Tribunal y, personalmente, tengo mis dudas con la efectividad de hacer vitalicios a sus miembros y para que no dependieran del gobernante de turno cambiaría las cosas. De entrada sentencias como la de Bildu y el Estatut han deteriorado tanto su imagen, que cualquier nombramiento que se haga estará contaminado por la sospecha. Por eso la sospecha está también detrás de estas dimisiones interruptas que sólo sirven para ahondar en una crisis institucional y política de tal magnitud que sólo empezará a menguar cuando hablen las urnas.
