José Luis Gómez – A vueltas con España – El valor con España.


MADRID, 02 (OTR/PRESS)

Teddy Bautista y otras personas ligadas a la Sociedad General de Autores fueron detenidas por estar vinculados a una trama que, supuestamente, desvió fondos de la SGAE a empresas privadas. Un juez de la Audiencia Nacional les imputa los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal. Es evidente que no es el canon lo que está en cuestión, sino el entramado de empresas ligadas a la sociedad que gestiona el canon, pero el recelo que suscita Teddy Bautista ha inundado la red y muchos medios de ataques a todo lo que se mueve a su alrededor; cómo no, con el canon en primera línea. Como escribió el periodista Juan Cruz -una de las contadas firmas que salieron en defensa del líder de la SGAE-, estaban esperando a Teddy Bautista «con las uñas largas, dispuestos al degüello».

Los méritos musicales de Teddy Bautista están a salvo en la historia de la música pop española y su capacidad para levantar la SGAE también parece probada. Lo que ahora están en juego son dos cosas: por un lado, si hay delitos por desvío de fondos y apropiación indebida en la gestión del entramado de la SGAE, y por otro, si hay responsabilidades personales de Teddy Bautista en esos líos mercantiles que colocan en el punto de mira la firma Microgénesis, una de las principales contratistas de la SDAE, filial de la SGAE. Obviamente, son decisiones que corresponden a la justicia, si bien el juicio paralelo -mediático- ya parece tener culpables, lo cual no es ninguna buena señal. Es más, ya hay preguntas en Twitter sobre quién será el primero en decir que lo de la SGAE es una maniobra electoral de Rubalcaba. «Se admiten apuestas», sentenció el analista político Antón Losada.

En España hay unas cien mil personas que reciben ingresos de la SGAE, que reparte más de 300 millones de euros por los derechos de obras musicales, audiovisuales y de las artes escénicas. La media en este caso no es real, pero sobre el papel tocarían más de 3.000 euros por socio. Dadas las circunstancias políticas, casi en vísperas de una nueva legislatura, y la propia crisis interna de la SGAE, parece un buen momento para revisar el funcionamiento de esta sociedad de autores, de modo que no solo se depuren las supuestas responsabilidades penales de sus directivos, sino también las tutelas políticas. Ni los autores ni los consumidores se merecen menos.

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