Victoria Lafora – Incierto porvenir


MADRID, 27 (OTR/PRESS)

Cuando parece que los mercados no se dan por satisfechos con la última cumbre europea y la solución dada a la deuda griega y, en consecuencia, los intereses que obligan a pagar al Estado español van a impedir el crecimiento en muchos años, las comunidades del PP se declaran en rebeldía.

No quieren asumir el coste de ajustar sus presupuestos para que el techo del déficit no supere el 1,3%. Eso significaría hacer un recorte en el gasto social que no conviene a la campaña electoral de Mariano Rajoy. Por si acaso las elecciones se alargan a marzo y, consiguientemente, serían muchos los meses de toma de decisiones impopulares sirviendo de precedente a las lógicas medidas de un ejecutivo de Rajoy en la Moncloa. No resulta demasiado bonito.

Por eso, ajenos a los problemas del país, los flamantes nuevos presidentes autonómicos del PP han planteado en el Consejo de Política Económica y Fiscal un aplazamiento a diez años, ni uno más ni uno menos, de las deudas atrasadas, más dinero este año aunque se endeude el Estado (a ellos que más les da si gobierna el PSOE) y un procedimiento para que se avalen las emisiones de deuda autonómica. Como si este país fuera jauja y hubiera una maquinita para fabricar billetes como quien hace palomitas.

Seguramente lo que les ha puesto los pelos como escarpias es el modelo catalán, ahora que se llevan a partir un piñón con Convergencia y su presidente Artur Mas. Resulta que, acosados por las deudas, el nuevo ejecutivo nacionalista no ha suprimido las embajadas que tiene repartidas la Generalitat por diferentes países, ni las oficinas comerciales, ni ha prescindido de escandalosas subidas de sueldo de alcaldes y concejales (el último el presidente del Consejo del Ripollés que se ha subido sus emolumentos nada más y nada menos que un 37%. Pero no es el único; el nuevo presidente del Consejo Comarcal del Baix Ebre, también de CIU, se aumentó el sueldo el 75%. Y para compensar todo esto, la decisión ha sido entrar a sangre y fuego en la sanidad pública catalana; una de las más prestigiadas de España.

Consecuencia: Cataluña cierra hasta octubre una de cada cuatro camas hospitalarias. Con el agravante de que no garantiza la reapertura de todas ellas tras el paréntesis del verano. La situación es tan grave que en unos veinte hospitales se exige a la plantilla que se rebajen los sueldos a cambio de trabajar más horas.

Esto es gestionar mal, muy mal, el recorte del gasto público. Hay dos pilares del estado del bienestar intocables, la sanidad y la educación. De todo el resto del presupuesto se puede recortar, sobre todo de sueldos escandalosos, pero si se quieren ganar unas elecciones vade retro con tocar los dos temas mencionados.

Por eso en el PP se están haciendo los remolones.

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