Fernando Jáuregui – Todo está en tela de juicio, todo.


MADRID, 9 (OTR/PRESS)

Algunos ministros y gentes relevantes del PSOE acusan a la Justicia -a una magistrada en particular- de actuar sobrepasando sus funciones en el «caso Campeón», que presuntamente afectaría a un miembro del Gobierno; comentarista hay que escribe que, precisamente para tapar este «caso Campeón» y salvar la cabeza de José Blanco, «alguien» (¿el Gobierno en connivencia con algún juez?) ha destapado ahora, qué casualidad, otro caso de presunta corrupción, protagonizado esta vez nada menos que por el yerno del Rey y marido de la infanta doña Cristina, Iñaki Urdangarín.

Así, ya tenemos en tela de juicio al Ejecutivo y al partido que lo sustenta (el PSOE), al sistema judicial en general y a la Monarquía, aunque sea representada por la familia política. Demasiado peso pesado en una campaña deslucida, en la que los dos principales candidatos a ocupar el sillón de La Moncloa, en su debate televisado, olvidaron –¿o no? -precisamente los dos temas a los que me refiero: la corrupción y el estado de la Justicia.

Siempre pensé que el «tercer poder» es una especie de pinpanpun que los políticos, y algunos comentaristas, utilizan a placer para sustentar sus tesis y derrocar las de los otros. Siempre se dice, ante cualquier decisión judicial de cierta envergadura, que ha salido a la luz «oportunamente», para tapar quién sabe qué otros escándalos. Y a los magistrados, comenzando por los del Tribunal Constitucional, siguiendo por los del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, hasta el último juez de una provincia, sea el del «caso Camps», el de «Malaya», el de «Campeón» o el de «Palma Arena», por poner solamente algunos ejemplos, se les mira constantemente con la lupa de la sospecha: ¿por qué tal caso estalla ahora, por qué contra este y no contra aquel, por qué…? Lo menos que se deja caer, como quien no quiere la cosa, es que están al servicio del Ejecutivo –lo hemos escuchado hasta la saciedad con la aprobación de Bildu–, o de otros poderes. Y a mí, eso de llamar, porque sí, prevaricadores a los jueces me sigue pareciendo algo gravísimo para la buena salud del sistema.

Cierto que no todo en nuestra Justicia y sus alrededores funciona bien. Es más: es mucho lo que funciona patentemente mal. Así, alguien, algún día, explicará cómo se filtran a los medios, o a algunos medios, determinados sumarios, o ciertas partes de algunos sumarios, que esos medios, cumpliendo sin duda su obligación -yo lo haría–, publican. Lo malo no es publicarlos, lo malo es filtrar unos sumarios en teoría secretos y que inculpan a determinado personaje (Blanco, Urdangarín, antes Camps…).

Acusar a la prensa de difundirlos son ganas de matar al mensajero, porque ya se sabe que casi no hay «scoop», o exclusiva periodística, que no tenga detrás el susurro de una amante despechada, un contable al que no se ha pagado, una rivalidad comercial o una «vendetta» de cualquier clase. Apañados iríamos los periodistas, y la sociedad a la que tenemos el deber de informar, si tuviésemos que analizar la pureza de las intenciones de cada fuente que nos hace llegar una noticia. Me preocuparon mucho, en este sentido, los recientes ataques mitineros de nada menos que alguien tan respetado como Felipe González, dirigidos contra el director de un periódico madrileño: demasiada sal gorda en un momento de equilibrios tan delicados como este.

Pero publicar lo que nos llega y podemos comprobar como veraz es una cosa y la presunción de inocencia, otra. Me quedé casi solo afirmando que Francisco Camps no debería haber dimitido de la presidencia de la Generalitat por la simple imputación de haber recibido -presumiblemente- tres trajes regalados por un sinvergüenza. De la misma manera defiendo que no se puede destrozar a alguien como José Blanco, tengamos de él la opinión política que tengamos, se haya expresado antes con la ligereza con la que se haya expresado, con los meros indicios de haber compartido conversación con alguien poco limpio en una gasolinera, o donde fuere.

Y me atrevo de afirmar lo mismo en el «caso Nóos», que afecta a las actividades del señor Urdangarín; lejos, como hacen algunos hablando de «coincidencias temporales», de atacar a la Justicia, que puso en marcha el caso, cayese quien cayese, me parece que hay que ensalzarla: ella dirá si los personajes a quienes se involucra en la trama son inocentes o culpables. Y sospecho que, hubiese saltado el escándalo -que ya traía cola- en el momento en el que lo hubiera hecho, los de las tesis conspirativas siempre hubiesen encontrado una coincidencia sospechosa, algún titular periodístico que ocultar con otro aún más llamativo: en España todos los días hay noticia, y ya se sabe que noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique.

La calidad de una democracia se mide, decía Weber (creo), por dos parámetros: la independencia del poder judicial y el nivel de asistencia a las clases más desfavorecidas. Yo diría que, además, se mide por el impecable funcionamiento de sus instituciones, por la corrección del Gran Debate Político, por la intensidad de la cooperación de sus fuerzas políticas -lógica y obligadamente discrepantes en sus planteamientos- ante los grandes retos nacionales. En todo esto encuentro que tenemos agujeros, fallos sin cuento. Como tantas veces se ha dicho, esto no es la Italia de Berlusconi, y menos aún la Grecia de Papandreu -y no hablo de parámetros económicos–, pero tampoco es la Gran Bretaña de Cameron, con todos sus defectos, ni la Francia de «Sarko», que también tiene los suyos, ni es, ay, la Alemania de Merkel: y pensar que algún día, no tan lejano, llegaron a llamarnos «los alemanes del sur»…

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