MADRID, 5 (OTR/PRESS)
Este 6 de diciembre se cumplirá el trigésimo tercer aniversario de la aprobación en referéndum por el pueblo español de la Constitución que sirvió para sellar jurídica y políticamente el cambio de régimen político a la muerte de Franco. Nuestra Carta Magna fue aprobada por una inmensa mayoría, el 88,54 por ciento, de los ciudadanos que acudieron a votar mientras que sólo el 7,89 lo hizo en contra. La abstención fue del 32,89. Este nuevo aniversario se celebrará con más pena que gloria, limitándose a los consabidos actos institucionales, en unos momentos en que la preocupación mayoritaria de los españoles está centrada en la grave crisis económica que padecemos. También coincide este aniversario con un cambio de gobierno tras las elecciones del pasado día 20-N, pero que todavía no ha tomado posesión debido a los largos plazos que la legislación electoral contempla.
¿Cómo está España treinta y tres años después de haberse aprobado la Constitución? Pues muy bien, gracias, podría ser la respuesta de un castizo. Pero cualquier observador de nuestra realidad política, económica y social sabe que no es así. No hace falta insistir mucho en la delicadísima situación económica que padecemos con una cifra de cinco millones de parados, con cerca de un millón y medio de familias en donde ninguno de sus miembros tiene trabajo y con unas perspectivas -lo dicen todos los expertos- de cara al nuevo año que se avecina nada halagüeñas.
Más allá de la crisis económica que obviamente es la primera preocupación de los ciudadanos, España sufre también una crisis institucional que se manifiesta fundamentalmente en una quiebra del modelo consagrado en la Constitución de 1978. La España de las autonomías hace aguas por muchas partes, pero fundamentalmente por dos: por la vía la de los nacionalismos y por la de la inviabilidad en las circunstancias actuales de un sistema que aparte de ser tremendamente caro, en muchos casos ha caído en el derroche y en gastar lo que no tenía. Centrándonos en el primero, habría que subrayar la falta de lealtad que los nacionalismos, sobre todo el vasco y el catalán, han demostrado a lo largo de todos estos años con la Constitución. Se han aprovechado de las bondades de ella pero solo cuando les venía bien a sus cortos y particulares intereses territoriales, poniéndolos siempre por encima de los intereses generales de España.
Por no hablar de la crisis de credibilidad y confianza que sufren otras instituciones del Estado, como es la justicia o la propia clase política, que encuesta tras encuesta se muestra como la segunda preocupación de los españoles tras la crisis económica. Por todo ello, este trigésimo tercer aniversario de la Constitución no será precisamente un día ni para celebraciones ni para tirar cohetes, sino más bien para pensar que es lo que hay que corregir y cambiar.
