MADRID, 11 (OTR/PRESS)
Dice el presidente del Gobierno que subir los impuestos ha sido «doloroso, pero necesario». ¿Doloroso? ¿Para quién? Desde luego, no para las doscientas fortunas más importantes del país, parapetadas tras sus Sicav, y a quienes la subida de hasta siete puntos en algunos tramos del IRPF, ni les afecta ni les conmueve. ¡Qué diferencia, por cierto de lo que hemos visto en Francia o en los EE.UU. donde algunos de los grandes de la empresa o las finanzas han demostrado una sensibilidad social digna de encomio!. Digámoslo pronto: la inopinada y poco menos que confiscatoria subida del IRPF a quien afecta -lo correcto sería decir, en quien se ceba-, es en las clases medias; en los profesionales liberales y en cuantos están atados a una nómina y, por lo tanto, son fáciles de identificar y rastrear. El nuevo Gobierno podía haber iniciado su tarea planteando medidas encaminadas a fiscalizar a las grandes empresas que operan dentro y fuera del país.
Según una reciente evaluación de un portavoz de los inspectores de Hacienda, en España, el monto del fraude fiscal giraría entorno a los 31.000 millones de euros. Esta cantidad supera con creces lo que el Ejecutivo pretende recaudar este año tras el incremento del IRPF. ¿Por qué no han empezado por ahí? Según los expertos porque desentrañar la maraña de las cuentas de las grandes corporaciones y empresas es complicado; mucho más complicado que darle a una tecla de ordenador y exprimir a cualquier profesional que cobra a través de una nómina. No hay escaqueo posible. El Fisco, como el agua, opta siempre por ocupar la zonas más accesibles. Hasta que llegue el día en el que el agua (los ciudadanos) se cabreen ante tanta manifiesta falta de equidad y digan: ¡Basta! ¡Basta ya de que las cargas fiscales más onerosas caigan siempre la sufrida clase media! Cuantos votantes del PP habrán recordado estos días aquél decir electoral del señor Montoro según el cual: «Subir los impuestos era un disparate». Pues, eso.
