MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Hay un cierto proceso inercial entre los Gobiernos de Zapatero y Rajoy en la práctica diaria. Antes se hablaba de improvisaciones y ahora las propia gente del PP acusa a los suyos de haber perdido el don de la previsibilidad. En cuanto al camuflaje semántico, si antes la crisis económica era «desaceleración» ahora la subida de impuestos es «recargo solidario». Lo que nos faltaba: las famosas ocurrencias de Zapatero y sus ministros. Ya tenemos aquí la primera entrega, remitida de aquella manera por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Si no se explica mejor, uno retiene el aviso: irá a la cárcel el gobernante (central, autonómico o local) que se gaste lo que no tiene.
Montoro dijo en la radio: «Vamos a exigir responsabilidades penales a los malos gestores públicos». Ocurrencia al canto. Una más en línea con el anterior Gobierno: los palos de ciego. O la descoordinación, como ustedes quieran llamarlo. Una hora después de estas declaraciones del ministro, su propio equipo desmentía la intención de crear un nuevo tipo delictivo sino en aplicar la ley sobre los ya tipificados.
Al mismo tiempo, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, corregía al equipo de Montoro y no descartaba una modificación del Código Penal mediante el método que ya anunciaría el Gobierno. Claro que más o menos a la misma hora el secretario de Estado de Administraciones Públicas, un número dos de Montoro, Antonio Beteta, decía que se sancionaría el despilfarro, o el incumplimiento, pero con sanciones económicas y no penales. Más leña a la hoguera, por boca del presidente de Extremadura, José Antonio Monago. Su propia ocurrencia consistió en reclamar el carácter retroactivo de la medida apuntada por Montoro, lo cual debió ponerle los pelos como escarpias al actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ostenta el dudoso privilegio de haber multiplicado por cinco la deuda del Ayuntamiento de Madrid.
Todo fue un poco surrealista, aunque ya se ha ido aclarando lo que Montoro quiso decir en nombre de la casi sagrada lucha contra el déficit público. Se comprende, incluso se aplaude. Pero no debemos olvidar que ya hay suficientes resortes para imponer la disciplina presupuestaria a los políticos de turno. Aunque están de paso por las instituciones nunca resisten la tentación de actuar como si las urnas les hubieran dado un cheque en blanco, burlando los procedimientos administrativos o saltándose los controles por el artículo 33. También sobran resortes penales y figuras represivas de delitos como prevaricación, malversación de fondos, falsedad en documento público, etc.
La clave es la voluntad política de aplicar ese arsenal normativo. Lo malo es cuando la voluntad decae por ese patriotismo de partido que funciona como una ley de hierro ante el gobernante corrupto.
