MADRID, 26 (OTR/PRESS)
¿Y ahora qué? Es la pregunta que muchos -empezando por el propio afectado y su entorno más cercano- se hacen después de que en la tarde-noche del miércoles se conociera el veredicto del jurado popular que ha declarado «no culpable» al expresidente de la Generalidad de Valencia, Francisco Camps, por el asunto de los trajes de la trama Gürtel. También resultó absuelto el exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa.
Después de tres años de sufrir una cacería política y mediática como pocas veces se recuerda, Camps ha sido declarado inocente en los tribunales por sus propios ciudadanos. Pero en medio de este proceso, cuando fue imputado y supo por tanto que tendría que acabar sentándose en el banquillo, Camps decidió dimitir de sus responsabilidades al frente del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Y lo hizo sólo dos meses después de haber conseguido en las urnas una nueva mayoría absoluta. Aquella decisión produjo un alivio en la dirección de su partido y especialmente en Rajoy al que no le venía nada bien encarar la precampaña de las elecciones generales del 20-N con un presidente autonómico de su partido sentado en el banquillo de los acusados.
Camps ha sido declarado inocente y ahora toca reponer su honor y su imagen pública. Lo tendrá que hacer, en primer lugar, su propio partido y sobre todo, aquellos que en su día le empujaron a que tomara una decisión que tenía un alto coste personal y político. Si Rajoy quiere, y es de esperar que quiera, recuperará al político valenciano para la vida pública en alguna de las distintas responsabilidades que todavía el nuevo presidente del Gobierno tiene pendiente cubrir. Lo que es evidente es que si Camps lo desea, tiene todo el derecho de volver y hacerlo por la puerta grande a la vida pública.
Del caso Camps convendría sacar algunas consecuencias. La primera y más importante es que en nuestro Estado de Derecho no está garantizada ni mucho menos la presunción de inocencia. Las filtraciones del sumario, el linchamiento mediático y político -¿pedirán ahora perdón aquellos dirigentes del PSOE que se lanzaron a la yugular de Camps?- al que fue sometido el expresidente de la Generalidad valenciana y que derivó en un juicio paralelo condenatorio que ahora el jurado popular se ha encargado de rectificar. Pero el daño personal, moral y político ya está hecho. Asimismo, el procedimiento judicial ha sido demasiado largo y muy costoso. No es entendible que se tarde tres años en sustanciar una causa que tiene tanto impacto mediático y que el juicio haya acarreado unos gastos en torno a los 500.000 euros para un caso que en el peor de los supuestos hubiera conllevado para los acusados una multa de unos 30.000. Pero, en definitiva, la pregunta clave sigue siendo la misma: ¿y ahora qué?
