MADRID, 11 (OTR/PRESS)
En cincuenta días de Gobierno, el Ejecutivo se ha puesto el acelerador y ha presentado las tres primeras grandes medidas para afrontar una situación que ya ni merece la pena calificar. Todos la sufrimos y la padecemos. La reforma laboral ha sido la tercera pata de esta mesa con la que el Gobierno pretende dar respuesta a nuestras enormes debilidades. La Ley de Estabilidad, la Reforma Financiera y ahora la Laboral han tenido ocupado a un gabinete que, sin duda, se va a quemar hasta límites insospechados porque nada o casi nada de lo que haga va a recibir el beneplácito de la oposición, de los sindicatos y, es probable, que de buena parte de la sociedad.
Esto en términos generales. Ahora, lo inmediato es la reforma laboral. Los sindicatos, que ya han convocado movilizaciones para el próximo día 19, aseguran que es una reforma que sólo va a acelerar y facilitar el despido, que está desprovista de los controles necesarios y que en ella se ve la pluma de la CEOE. Jesús Caldera, del PSOE, ha llegado a insinuar que puede ser inconstitucional.
Los más críticos centran su rechazo en el abaratamiento del despido que es verdad que se contempla, aunque lo cierto es que siendo más caro, se han desmantelado cientos de miles de puestos de trabajo y no es menos cierto que la reforma planteada por el Gobierno tiene muchos más aspectos que el abaratamiento del despido y algunos de ellos más que positivos.
Cada cual está en su papel y la inteligencia aconseja que se interprete sin maximalismos, sin enmiendas a la totalidad, sin agarrarse a hipótesis que no se sabe si se van a producir. ¿Preocupa a los desempleados cuanto van a cobrar en caso de ser despedidos? ¿Les agobia mucho que no haya que pedir autorización previa para llevar a cabo un ERE y colocar esta fiscalización una vez realizado?
Ambas cuestiones son importantes. Mejor un despido que ofrezca al trabajador una indemnización alta y mejor, mucho mejor, establecer controles para que nadie pueda tomar decisiones arbitrarias. Sin embargo, de una primera lectura de la reforma, no se puede concluir que la misma deje al trabajador a la intemperie _sería inadmisible_ y otorgue a los empresarios el titulo de esclavista, lo que supondría una vergüenza absoluta.
La reforma planteada por el Gobierno puede ser mejorada y algunos de sus extremos ser matizados. En política siempre hay margen para el acuerdo, para el acercamiento de posiciones y esta es la tarea pendiente a la que la ministra de Empleo ha emplazado a los sindicatos con los que se va a reunir mañana lunes. El miércoles, Rajoy se reúne con Rubalcaba y se hablará de ello. Al Gobierno le corresponde hacer los máximos esfuerzos para que lo que haya que hacer se haga con el máximo consenso.
Le corresponde también gobernar, con acuerdo o sin él, y a la oposición y a los sindicatos, en la misma medida que les asiste el derecho a la critica e incluso al rechazo de las propuestas del Gobierno, les es obligado escuchar bien a la calle y si creen que la calle, es decir los ciudadanos están por la movilización social, por la huelga pues que actúen en consecuencia pero me temo que a la hora de hablar de derechos es un derecho más exigible un trabajo digno, pagado con justicia y protegido en derecho, que la cuantía de una indemnización que de seguir así las cosas jamás van a cobrar porque el primer derecho _el derecho a trabajo_ no lo van a poder ejercitar.
