Antonio Casado – Estudiantes y policías.


MADRID, 22 (OTR/PRESS)

El mal uso de los medios materiales puestos por la ciudadanía en manos de las fuerzas policiales puede derivar en abuso. Abuso de autoridad es la figura. Y además, puede generar males mayores que los que se trataba de evitar. En el caso de Valencia, los supuestos a evitar eran interrupción del tráfico y ocupación ilegal de la vía pública. Los males mayores: una espiral de acción-reacción de imprevisibles consecuencias.

Esas son las coordenadas. Las manifestaciones ilegales -no comunicadas- llevadas a cabo en distintas ciudades españolas el martes por la noche fueron la consecuencia de la desmedida carga policial del lunes contra los estudiantes del instituto Lluis Vives de Valencia. En dichas manifestaciones también hubo cortes de tráfico (en Madrid, la Gran Vía, nada menos) y ocupación de la calle. Sin embargo, ante una similar alteración del orden público, o aún más grave, todo fue mucho más apacible que lo del día anterior en el casco urbano de la capital valenciana.

Tómese como prueba de que el sentido de la medida y la prudencia de los responsables políticos de las fuerzas policiales determinan el desenlace de este tipo de situaciones. El imperativo legal, ante todo. Pero eso no puede ni debe convertirse en la pantalla de una actuación policial desmedida. Ni puede ni debe utilizarse como burladero del gobernante que acaba de acaba de hacer un mal uso de los instrumentos que la sociedad pone en sus manos para cumplir y hacer cumplir la ley.

A estas horas está bastante claro que lo de Valencia no fue una «batalla campal», como se ha querido presentar en ciertos medios políticos e informativos. No hubo intercambio de golpes ni «enfrentamiento», como dijo al día siguiente el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. Referirse a la carga de los policías contra los estudiantes, no de los estudiantes contra los policías, es meramente descriptivo, sin perjuicio de que estuviese más o menos justificada en nombre del cumplimiento de la ley. Pero, insisto, esa apelación no puede ni debe ser utilizada como excusa de una actuación policial desproporcionada.

Mucho peor es la trastienda política del asunto, cruzado por los consabidos procesos de intención. A este respecto es digna de pasar a la antología del disparate la denuncia formulada por Rita Barberá, sobre una supuesta conjura de la izquierda enredadora y descreída. Según la alcaldesa de Valencia, las protestas estudiantiles contra el deterioro de la enseñanza pública no son sino un pretexto de los enemigos del PP para desestabilizar al Gobierno en la calle.

La verdad es que hay que tener mucha imaginación para hacer sonar las alarmas ante una inminente «marea roja» dispuesta a quemar la calle. Después de constatar que el Gobierno de Rajoy ha reconducido razonablemente el asunto, consciente de que no se han hecho bien las cosas en Valencia, no falta algún necio dispuesto a convencernos de que lo ocurrido es la antesala de una agitación a la griega.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído