Antonio Casado – Garzón, defenestrado.


MADRID, 29 (OTR/PRESS)

Por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que absuelve al ya exjuez Garzón de un presunto delito de prevaricación al querer investigar los crímenes franquistas, hemos sabido que el discutido juez se equivocó pero no prevaricó. Se equivocó al calificar los hechos como genocidio cuando el tiempo de los hechos (los años de nuestra guerra civil) ignoraba esa figura penal, porque no existía. Pero sus decisiones no fueron jurídicamente absurdas o extravagantes.

Se equivocó al ignorar la Ley de Amnistía de 1977. Pero lo hizo movido por el deseo de subsanar las diferencias de trato entre las víctimas de uno y otro bando. Se equivocó al pretender depurar a título póstumo las responsabilidades penales del general Franco y cuarenta y tantos difuntos más. Pero no cometió el delito de prevaricación porque, entre otras cosas, lo impidió la sala de lo penal de la Audiencia Nacional al hacerle rectificar sobre la marcha y, en definitiva, al inducir su inhibición en favor de los juzgados territoriales en noviembre de 2008.

Por la sentencia del Tribunal Supremo ya sabemos que el entonces juez de la Audiencia Nacional no cometió el peor de los delitos imputables a un juez: tomar una decisión injusta a sabiendas. Sin embargo, por una acusación que ahora se revela infundada Baltasar Garzón ha estado apartado de la función judicial durante casi dos años. Concretamente, desde el 14 de mayo de 2010, cuando el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) le suspendió provisionalmente en sus funciones, como es preceptivo con la apertura del juicio oral.

Es decir, que Garzón ahora habría vuelto a la Judicatura si el Tribunal Supremo le hubiera empapelado solamente por la causa de los crímenes del franquismo. No ha sido el caso. Prácticamente han coincidido en el tiempo las dos sentencias relativas a las dos causas abiertas por presunta prevaricación. La del franquismo, una. Por la otra ya fue condenado hace unos días, la referida a las escuchas entre los encarcelados por el caso Gürtel y sus abogados. Eso supone inhabilitación. Y la inhabilitación supone expulsión definitiva de la carrera, sustanciada por el CGPJ la semana pasada. De eso se trataba, y no vale la pena darle más vueltas. Garzón ha sido víctima de una represalia corporativa con el inequívoco apoyo de la derecha política y sus coros. Excelente caldo de cultivo para la gente que dentro y fuera de la Judicatura se la tenían jurada tiempo atrás.

Y ahora el imperativo legal. Dicho sea todo lo anterior con el consabido acatamiento a las tres sentencias dictadas contra Garzón: una le condena, otra le absuelve y una tercera archiva la causa. Como en el corrido mejicano, sólo una de las tres heridas era de muerte. No precisamente la del franquismo. Así de paso nos ahorramos el escándalo internacional. El mundo puede estar tranquilo: no hay revival franquista. Pero Garzón queda fuera de la Judicatura. Ahí termina el culebrón.

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