MADRID, 04 (OTR/PRESS)
La mayoría de los españoles está en desacuerdo con la reforma laboral -62 por ciento frente a 28, como señala una encuesta de Metroscopia- pero está mucho más en desacuerdo -67 frente a 28- con la convocatoria de una huelga general que empeoraría aún más la situación económica de todos los ciudadanos. Incluso los votantes del PSOE están en contra de la convocatoria -50 frente a 45-. Los sindicatos sabrán lo que hacen. Aunque los españoles piensan que la reforma es excesiva y que ayudará poco a crear empleo, están de acuerdo en que los parados con subsidio realicen servicios sociales a la comunidad. Algo tiene que cambiar en el modelo laboral -para eso está el Parlamento- para cambiar la tendencia imparable de mandar al paro cada mes a más de cien mil españoles.
Los sindicatos y la patronal reciben cerca de mil millones de euros anuales de los Presupuestos del Estado y de las autonomías sólo para formación. No rinden cuenta detallada y exhaustiva de cómo se los gastan, cuántos parados reciben esa formación, cuántos han conseguido un empleo, qué controles tienen esos cursos y qué parte del dinero recibido se destina a gastos de infraestructura de los sindicatos y la patronal. Eso, sin sumar lo que perciben indirectamente por los miles de funcionarios y trabajadores liberados ni todas las demás subvenciones de las cuentas públicas. Un dinero absolutamente opaco. Por hacer una comparación, la Justicia Gratuita -la que perciben los que legalmente son considerados pobres, la última posibilidad de los más desfavorecidos para defender su derecho ante un desahucio, un despido, ante la violencia de género, la lucha por la custodia de los hijos, contra una expulsión de España o cualquier otro derecho- cuesta a las arcas públicas sólo 250 millones de euros, que se justifican euro a euro y que dan defensa jurídica a casi dos millones de ciudadanos. Las autonomías, que tratan de reducir esta factura, pagan religiosamente los cursos de formación de sindicatos y patronal y no saben cómo se gastan tantos millones.
Ni esos millones ni los 720 que nos cuesta el PER, los de las empresas y fundaciones públicas, las televisiones autonómicas -y sus deudas-, el fraude a la Hacienda pública o a la Seguridad Social -acaba de conocerse el embargo de las mesas y sillas de un colegio que lleva ¡desde 1.991! sin pagar las cuotas de sus trabajadores a la SS- y tantas otras.
Hay que regenerar el Estado central y el autonómico y poner orden en las cuentas públicas. Hemos creado un Estado de nuevos ricos y nos oponemos a un «Estado low cost», pero si no se saca el bisturí no habrá más remedio que acabar en el bajo coste: menos servicios y de peor calidad. No es momento ni país para huelgas sino para confesar los errores, sacar las cuentas a la calle, hacer propósito de la enmienda, pagar la penitencia y buscar soluciones juntos.
