Carmen Tomás – A cobrar, por fin.


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

El Ministerio de Hacienda ya ha cerrado el texto de condiciones de la macro operación para pagar las deudas que ayuntamientos y comunidades autónomas tienen con los proveedores. La letra pequeña ya es menos pequeña y se van sabiendo los detalles. Efectivamente, las empresas o autónomos, como se había adelantado, deberán renunciar a los intereses de demora que ha generado la deuda así como a las costas judiciales si el pago se hubiera reclamado ante los tribunales de justicia. Además, no solo podrán presentarse al cobro facturas producidas por trabajos realizados mediante concurso público, sino todas.

La operación montada por el ministro Montoro tiene un alcance importantísimo. Más de 30.000 millones de euros entrarán en la economía española absolutamente plana y sin pulso. Los fondos salvarán empresas o autónomos que malviven desde hace años y que a duras penas han podido mantener algún trabajador en la plantilla o sencillamente no echar el cierre de momento. Los autónomos han visto esta operación como la salvación para ellos, incluso muchos se atreverán con ese dinero a ponerse las pilas y quizás a contratar a alguien. Sí, no hay que engañarse, la economía española languidece y las previsiones del Gobierno tanto de crecimiento, como de paro, como de déficit no son buenas, pero esta inyección de liquidez puede suavizar el drama de muchos miles de empresarios y emprendedores.

Hay que tener en cuenta que esta inyección de liquidez viene acompañada de otras reformas como la del mercado de trabajo o la financiera y que faltan otras como las que tienen que ver con el adelanto del IVA o la cuenta entre las empresas y Hacienda o la Seguridad Social. No cabe duda de que son pasos hacia la normalización y modernización de la economía que dará frutos. Puede que esos frutos no lleguen mañana ni pasado. Sin embargo, lo harán a medio plazo y se notará en la confianza y luego en las cifras. Ahora sabemos, lo ha dicho el Banco de España, que el mero hecho de haber puesto en marcha la posibilidad del descuelgue de los convenios hubiera salvado un millón de puestos de trabajo. Y, ¿a cuántos hubieran salvado los 15.000 millones que se gastaron en rotondas, aceras y demás que dispuso el Plan E?

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