MADRID, 9 (OTR/PRESS)
La reforma laboral hará más competitivos a los trabajadores españoles, no más felices. Es la consecuencia de reformar el mercado de trabajo como si fuera un mercado de bicicletas. Si modificamos las reglas del mercado laboral también estamos modificando la principal fuente de autoestima y la principal vía de socialización de las personas. Eso es un puesto de trabajo. La reforma del Gobierno no aplica esa doctrina.
El discurso desplegado este jueves por la ministra Fátima Báñez en el Congreso, con motivo de la convalidación del decreto-ley, no fue suficiente para evitar la confrontación que se avecina en el Parlamento y en la calle. «Completa», «equilibrada», «pensada para frenar la sangría del paro» e «inspirada en los intereses generales». Todo eso dijo la ministra en defensa del espíritu y la letra del decreto 3/2012, ya convertido en proyecto de ley para su específica tramitación como tal.
En el bloque político y sindical que conforma el frente de rechazo no calan esas afirmaciones pero se pueden discutir. Hay, sin embargo, una parte inaceptable del discurso. La referida a una supuesta participación de los agentes sociales en la gestación de un texto que, según la ministra, además amplia las capacidades negociadoras de patronal y sindicatos en una especie de «marco permanente de diálogo». Los sindicatos niegan haber sido escuchados, con excepción del pacto de rentas firmado en enero con la CEOE e incorporado a dicho texto. Es más, insisten en tomar la calle con nuevas movilizaciones, como la del domingo, sin descartar una huelga general, si Gobierno y patronal no se sientan a negociar. En palabras de Cándido Méndez (UGT), «no queremos confrontar sino corregir». Y según Fernández Toxo (CC.OO.), «esta reforma está condenada al fracaso por no haberse basado en un pacto social previo».
Entretanto, el presidente del Gobierno, minutos después de haber sido convalidado el decreto-ley en el Congreso, lamentaba públicamente la falta de apoyo sindical. Y su ministra acababa de pedir en el hemiciclo una «suma de esfuerzos para recuperar la senda del crecimiento y el empleo». Tampoco eso es compartido por los sindicatos, convencidos de que se están creando falsas expectativas y de que la nueva normativa no terminará con la cultura del contrato temporal sino todo lo contrario. Al menos a corto plazo, tienen razón. Se la da el Gobierno cuando anuncia una destrucción de 630.000 puestos de trabajo durante el año en curso. Algo muy creíble ante datos tan desalentadores como ese 1,7 por ciento de decrecimiento en el PIB o ese brutal recorte de 40.000 millones de euros en inversiones públicas.
Insiste Moncloa en que los efectos beneficiosos de la reforma se notarán más tarde. Ojalá acierte. Pudiera ser que se empezara a notar si se produce la reactivación sobre el sistema productivo ya reformado, más equilibrado, más competitivo. Hasta entonces es sólo cuestión de fe.
