No entiendo la tibieza que manifiestan, con toda buena voluntad, estoy segura, los colectivos provida, a la hora de anunciar el Día Internacional de la Vida. Es como si tuviéramos que pedir perdón a los gestores de la Multinacional de la Muerte por no participar de su empresa. No veo que tengamos que repetir continuamente que “no vamos en contra de nadie”, no vayan a molestarse y llamarnos carcas. Lo siento, pero yo me desmarco. Yo no iré a cantar a la Puerta del Sol, extensible a cualquiera de las plazas de España, qué bella es la vida si a continuación no dejo expresado claramente mi oposición al aborto. No nos engañemos; si vamos a dar testimonio con nuestra presencia es porque la vida está en peligro, porque el relativismo moral se ha instalado en nuestra sociedad y la vida de los más débiles carece de valor, pudiendo disponer de ella y desecharla, dependiendo de si en ese momento, nos interesa o no. Oigo decir que el Día de la defensa de la vida engloba a la mujer maltratada, a las víctimas del terrorismo y no solo a los bebés en gestación que mueren por medio del aborto, o a los viejos que finalizan su vida en virtud de leyes ad hoc teñidas de falsa filantropía, esto es, las mal llamadas de “muerte digna”, por ejemplo. Lo siento, pero no comparto el planteamiento. El terrorismo es delito, tiene su ley, y los terroristas son perseguidos y condenados; lo mismo podemos decir de la violencia doméstica. Sin embargo, el bebé en gestación no tiene derechos. Sí, los tiene pero como confluyen con el derecho a decidir de la madre, de facto está absolutamente desprotegido. Conviene recordar que este “Día” se instaura para reivindicar la protección de los nascituri.
La cuestión de las políticas sobre la mujer y el aborto no podemos analizarla de manera superficial desde nuestro rincón. Es preciso retrotraernos unas décadas atrás y conocer el origen y los porqués de los eufemismos que están cambiando el mundo, para mal.
La globalización ha colocado a los seres humanos bajo el gran paraguas planetario, regido por los políticos de turno, pero con la imposición de ciertos parámetros, que no se sabe muy bien dónde ni cómo se han gestado, pero que son considerados cuasi sagrados porque llevan el marchamo de “internacional”. Así, el aborto y la anticoncepción son derechos enmarcados en la “universalidad de los derechos humanos de las mujeres”, con su legislación internacional, que según estos fundamentos, pretende estar por encima de los estados, y peor aún, por encima de los derechos y libertades individuales relativos a la religión y a la moral. (Family care International, Compromisos para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos. Sobre la base de los acuerdos y convenciones internacionales pertinentes, incluidas las conferencias de Pekín, Copenhague, El Cairo, Viena y Nueva York, 1995, Prefacio, p. 7). Determinadas oficinas de las Naciones Unidas llevan años abogando por universalizar lo privado e instaurar el pensamiento único en materia de conciencia.
Las políticas en materia sexual y abortista que han llegado a España y a otros países en los últimos años, vienen directamente diseñadas de Estados Unidos, a través de la ONU y de la IPPF. Así, los anticonceptivos y el aborto por ley han llegado a algunos pueblos de España antes que el alcantarillado y el agua corriente. Y no digamos nada de las comunidades indígenas de Hispanoamérica, Asia y África, que reciben los anticonceptivos, en muchas ocasiones, etiquetados como alimentos.
Volviendo al plan global, de manera subrepticia se ha desarrollado y llevado a la práctica un plan perverso que muy pocos conocen. El gobierno de Estados Unidos, para evitar que se le tildara de practicar el imperialismo anticonceptivo, en 1974 englobó las “políticas de control de la natalidad”, hasta entonces en el apartado de salud, en las de “derechos humanos”. La manipulación es manifiesta. Así empezó a hacerse de uso corriente el concepto eufemístico “derechos individuales en materia sexual y derecho al desarrollo de las personas y de los países, implementando esas políticas a través de los propios dirigentes de los países en vías de desarrollo”. (Memorandum de Seguridad Nacional 200, llamado también Informe Kissinger, vid. Sanahuja, J. C., El Gran Desafío, Cultura de la vida contra la muerte, Serviam, Buenos Aires, 1995, pp. 55 y ss.).
En las Conferencias de las Naciones Unidas celebradas en Viena, El Cairo y Pekín, se establecieron las siguientes premisas:
1) Los derechos humanos de las mujeres son universales. (Conferencia de los Derechos Humanos de Viena, 1993).
2) Las mujeres tienen derechos reproductivos. (Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo, 1994).
3) Los derechos reproductivos son derechos humanos. (Conferencia de Pekín sobre la Mujer, 1995).
Estos asertos, tan razonables como engañosos, son el germen de la gran mentira instalada en la sociedad y en los órganos de decisión. Los acuerdos tomados en estas reuniones –y en otras posteriores— se agrupan en un corpus de iniciativas y actividades con rango internacional a cuya puesta en práctica están obligados los gobiernos. Los textos están escritos en un lenguaje técnico y farragoso, lo suficientemente críptico como para a priori no estar en contra. Es el arte del eufemismo y el lenguaje engañoso.
Aunque en los principios de El Cairo se especifica que los países tienen el derecho de aplicar las recomendaciones del Programa de Acción “según el respeto pleno a los valores religiosos y éticos, y a las raíces culturales”, en la práctica, los derechos y la moral individual de los ciudadanos se sacrifican cuando se implementan las políticas aprobadas en los foros, porque –según los intérpretes de la universalidad de los derechos humanos—, la salud reproductiva está por encima de cualquier derecho individual. (En la Conferencia de El Cairo los derechos reproductivos se incluían en el apartado de salud; en la de Pekín se trasladaron a la sección de derechos humanos).
La definición de “salud reproductiva” de El Cairo es un producto de ingeniería verbal, muy confuso: “Es un estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y de la mujer a obtener información de planificación de la familia a su elección, así como de otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos y el acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”. (Plan de Acción de El Cairo, 7.2.).
Se dice también en el documento que “todos los países deberán adoptar medidas para satisfacer las necesidades de planificación familiar de su población, lo antes posible, poniendo como fecha tope el año 2015 (Objetivos del Milenio), y deberán tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos”. (Las negritas son mías). Obsérvese que se invita a burlar la ley. Es una estrategia utilizada por los colectivos antivida para propiciar el debate mediático con el fin de presionar a legisladores y jueces.
La “gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia” que reivindican estos gobernadores de lo ajeno, invita a la elaboración de leyes de plazos, que se sustancian en un sistema de aborto a petición, como la actual ley española, regalo del gobierno Zapatero a los aborteros para que no se vieran obligados a “prestar esos servicios fuera de la ley”. (Recuérdese el escándalo de las clínicas trituradoras del doctor Morín). Fijémonos en la siguiente cita de la Plataforma de Pekín de 1995: “Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos ya reconocidos por las leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos humanos, aprobados por consenso. […] Los derechos humanos de la mujer incluyen el derecho de controlar y decidir libre y responsablemente en materias relacionadas con su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, libre de toda coacción, discriminación y violencia”. (Las negritas son mías). El texto es una trampa, una tela de araña en la que se ven enredados los gobiernos a la hora de legislar. La mordaza impone además no opinar en “materia de mujer” porque todo es susceptible de tildarse de comportamiento coactivo, discriminatorio o violento.
Como periodista, confieso que me sorprende –e incluso me escandaliza—el escaso conocimiento de la derecha –y, más en concreto, sus mujeres—de estos contenidos relevantes. No es de extrañar que debido a su falta de criterio, o a su carencia de valentía para imponerlo, se vean obligadas a ir siempre a rebufo de la izquierda en parcelas de tanta importancia social.
Aunque siempre se dice que las propuestas de las Conferencias de las Naciones Unidas son consensuadas, nada más lejos de la verdad. Al Plan de Acción de El Cairo se opuso la Santa Sede y 22 países más, y a la Plataforma de Pekín –la de consecuencias más perniciosas—se opusieron 69 estados. Excluir la cláusula de la objeción de conciencia de los memorandos de Pekín fue una de las causas por las que El Vaticano mantuvo sus reservas. Se anula el derecho de los profesionales de la salud a objetar la administración de los servicios de salud reproductiva, tales como el aborto o la esterilización. (La objeción de conciencia es un derecho universal que asiste a cualquier persona eximiéndola del cumplimiento de determinadas acciones que van en contra de su ética o religión). Sin embargo, oyendo las intervenciones de la directora ejecutiva del UNFPA, Nafis Sadik, da la sensación de que el consenso fue general: “… el consenso está más fuerte que nunca; la salud reproductiva es un derecho para hombres y mujeres. Cada individuo tiene el derecho a decidir el tamaño y el espaciamiento de su familia, y las medidas y servicios para hacerlo; y estos derechos son parte de la estructura internacional de los derechos humanos, los cuales tienen como piedra angular el concepto de que todos los hombres y las mujeres son iguales. Esto es lo que el mundo acordó y esto es lo que la comunidad internacional garantizó…”. Subraya la señora Sadik el compromiso adquirido por los gobiernos del mundo de poner en práctica estas políticas. (Departamento de Información Pública. El Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, Naciones Unidas, II, 1997; Vid. UNFPA, Estado de la Población Mundial 1997, El Derecho a Optar. Derechos de Procreación y Salud de la Reproducción, Nueva York, 1997 y UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 1997, Nueva York, 1997).
Quienes abogan por la implantación obligatoria de este nuevo paradigma social desoyen la opinión de los disidentes y los excluyen de sus arengas. No les importa hacer un discurso engañoso, plagado de mentiras y medias verdades con tal de presionar a las débiles conciencias de los políticos de turno, que obnubilados por el propio poder, son incapaces de discernir lo que conviene o no a sus pueblos. No hay que olvidar que la nueva moralidad ha logrado introducirse porque los lobbies que la propugnan han conseguido influir en los gobernantes.
De crear el caldo de cultivo propicio para que los derechos reproductivos sean una necesidad de primer orden se encargan determinadas ONGs, muy bien tratadas por los medios de comunicación y con gran poder sobre el ciudadano medio. Como, en general, no se sospecha que una ONG pueda esconder algún fin avieso, se mueven como Pedro por su casa por las oficinas gubernamentales y por las fundaciones filantrópicas. Estas ONGs se encargan de supervisar que los “tratados internacionales” relacionados con la salud reproductiva, el género y la libertad sexual de la mujer se cumplan. Cuando no es así, denuncian el caso y así van formando un corpus de “injusticias” que sirven al Comité para presionar a los legisladores. Algunas filiales de la IPPF contratan abogados para que defiendan gratuitamente a las mujeres que acuden a sus centros a utilizar los productos de la salud sexual y reproductiva. Son una especie de alguaciles al servicio de la Multinacional de la Muerte. La presión a los políticos y a los legisladores es la clave para imponer su dictadura internacional, donde los derechos individuales son vulnerados en aras de otros derechos antinaturales que se imponen de manera totalitaria.
Como no quiero cansar al lector con esta machaconería de los derechos humanos, sólo una última perla que demuestra, una vez más, la incongruencia de sus ideólogos: “Los estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. (Téngase en cuenta que se refiere a lo mismo). Es decir, que las mujeres de Ruanda, Somalia o Haití no tengan agua para beber, ni escuelas para que sus hijos aprendan a leer o vacunas contra la malaria no importa si en su lugar disponen de condones, píldoras abortivas y aparatos para practicarse ellas mismas el aborto. Hay que resaltar que la mayoría de los rústicos dispensarios de salud de los países subdesarrollados se han ido convirtiendo en meros centros de reparto de profilácticos, píldoras anticonceptivas y práctica de abortos. ¡En virtud del derecho humano internacional!
El “Centro de Derechos Reproductivos” (CRR, por sus siglas en inglés), tiene en la agenda para los próximos años la estrategia de establecer “leyes de derechos reproductivos que sean vinculantes y capaces de ser puestas en vigor en el ámbito internacional”. Lo más prioritario es que se reconozca el derecho de las mujeres y adolescentes al aborto a petición, financiado por el Estado. El CRR se mantiene en contacto con colectivos abortistas de todo el mundo para imponer estas leyes, incluso en las naciones que rechazan estas políticas.
Estos derechos abarcan asimismo “la autonomía reproductiva para las niñas”, es decir, el acceso a todas las informaciones y servicios, incluyendo el aborto sin el consentimiento de los padres, incluso sin que se les notifique.
El medio que el CRR utiliza para implementar este nuevo orden en las naciones reacias es a través de la campaña para la constitución de la “Corte Penal Internacional” y el “Protocolo Opcional para la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer” (CEDAW, por sus siglas en inglés). Hay que ser muy valiente para atreverse con esto.
Las cosas están llegando a tal grado de surrealismo que no es de extrañar que, al paso que vamos, a las personas que defendemos el derecho a la vida se nos acuse de violar los derechos humanos fundamentales de las mujeres.
Hasta ahora, las personas que defendemos la vida y los valores no habíamos estado coordinadas para formar un frente común como sí lo han estado y lo están los servidores de la Cultura de la Muerte. En tiempos pasados muchos defensores de la vida han mantenido su ideología en el anonimato. Ahora es precisa una unión de todos, un frente común, para denunciar la mentira y la manipulación, para hacer propuestas de vida y contribuir a que el bien y la justicia triunfen en el mundo.
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Por Magdalena del Amo
Periodista y escritora, pertenece al Foro de Comunicadores Católicos.
Directora de Ourense siglo XXI
Directora y presentadora de La Bitácora, de Popular TV
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(19/3/2012)
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