Antonio Casado – Delincuentes de lo público.


MADRID, 21 (OTR/PRESS)

Además del tiempo, una preocupación añadida en la España atribulada de la crisis, no se habla de otra cosa que no sea la corrupción política. Los nombres de Jaume Matas, Francisco Camps, Javier Guerrero (y su chofer, Juan Francisco Trujillo, el correo de la cocaína del jefe), Ignacio González, José Blanco, Carlos Fabra, el constructor Javier Carrera, Iñaki Urdangarin, van de estrellas invitadas en los medios de comunicación de las últimas horas. Por unas razones u otras. No todos están en el mismo grado de exposición judicial, pero lo cierto es que si están ocupando espacio mediático no es precisamente por su trabajo a favor de los intereses generales, como correspondería al carácter público de su función.

Por detrás de la representación que ostentan u ostentaban -y algunos quieren repetir, como Camps, según declara el expresidente valenciano-, se han detectado presuntas y no tan presuntas conductas delictivas que emborronan las secciones políticas y de sucesos en los medios nacionales. En ese escaparate encontraremos todos los supuestos delictivos achacables a un gobernante: prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento, fraude, etc.

Tampoco procede ponerse estrechos. Que haya políticos corruptos no es nada nuevo. Lo nuevo, si echamos la vista hacia épocas gloriosamente fenecidas, es que ahora nos enteramos. Y que estas conductas se han investigado y perseguido con creciente contundencia en nuestra reciente historia democrática. A esa reciente historia aparece asociada una larga lista negra de nombres para la vergüenza: «Brugal», «Pretoria», «Malaya», «Poniente», «Babel», «Palma Arena», EREs y tantos otros en los que andan enredados los profesionales de la política. Nombres vivos en las tareas pendientes del Estado de Derecho. Gobierne quien gobierne, y esta es la clave. Dicho sea cuando el PSOE acaba de ser sustituido por el PP en las responsabilidades de la gobernación del Estado sin que el sistema haya bajado la guardia en los casos citados, afecten al partido que afecten.

Los mismos policías, guardias civiles, fiscales y jueces que acorralaron a ETA bajo mando de un Gobierno socialista han seguido haciéndolo exactamente igual -igual de bien- con un Gobierno del PP, aunque hayan cambiado sus jefes políticos. Y los mismos policías, guardias civiles, fiscales y jueces que han destapado en estos últimos años tantos casos de corrupción política, siguen trabajando con la misma vocación de servicio al Estado para combatir esta lacra.

Una lacra vinculada a la condición humana y no a tal o cual partido. Quede para el debate si unos partidos son más diligentes que otros a la hora de retirar las manzanas podridas del cesto, pero pongamos en valor el funcionamiento de las instituciones y de los mecanismos de defensa del Estado frente a los defraudadores de la confianza depositada por los ciudadanos en sus representantes políticos.

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