Fernando Jáuregui. Contratos.


MADRID, 23 (OTR/PRESS)

Sé -y lo temo- que voy en esto contra la corriente. Pero pienso que a veces vamos demasiado lejos en lo que algunos consideran lucha contra la corrupción. Y, así, debo decir que ni me parece mal que Telefónica u otras empresas ofrezcan puestos de asesores a personas que son familiares de políticos destacados ni seré yo quien tire la primera piedra porque estos familiares acepten. ¿Deben quedar condenados al ostracismo por tener un parentesco con el político, sea este del Gobierno o de la oposición, o por ser expolíticos gobernantes? Que una cosa es la ley de incompatibilidades y otra muy diferente los vetos que se quieren imponer a lo que es legal, autorizado y quizá hasta conveniente: sería un auténtico disparate que personas con experiencia y conocimientos fuera de lo normal quedasen inhabilitadas durante años para poder desarrollar estas cualidades a favor de la empresa pública o de la privada.

Asunto diferente es el tráfico de influencias, que hay que combatir, y el asegurarse de que el alto cargo no beneficia, desde su puesto, a una empresa que mañana lo contratará. Ahí es donde entra la legislación sobre incompatibilidades y donde debería desarrollarse una vigilancia caso por caso, sin permitir que envidias o zancadillas «subterráneas» entre competidores frustren vidas profesionales, pero impidiendo también cualquier abuso o prevaricación.

No andamos, en todo caso, tan sobrados de talentos como para permitirnos poner freno a su desarrollo. Ni es esa persecución generalizada la tónica en la mayor parte de los países desarrollados, donde, por cierto, el tráfico de influencias está mucho más severamente castigado que en España.

El combate contra la corrupción empieza por no practicar la desmesura en el mismo. Y, así, está claro que me alegro de que el corrupto Jaume Matas comparezca ante los tribunales por sus fechorías, lo mismo que su cómplice y mi compañero de profesión -y cuanto siento llamarlo así- Antonio Alemany; pero, al tiempo, discrepo de una sentencia inusualmente dura que condena nada menos que a seis años al expresidente balear por haber pagado con dinero público elogios a su persona, cosa que me temo que ha pasado oficialmente inadvertida y, desde luego impune, en otros casos a lo largo de la historia reciente.

Bien está lo de Matas como advertencia, bien están algunas investigaciones periodísticas sobre altos cargos, incluso hasta cuando no existan demasiados elementos tangibles para ciertas acusaciones; bien puede estar también el afán justiciero de no permitir que poderosos consigan favores a familiares o deudos. Pero es importante no pasarse de la raya -y creo que algunas veces nos pasamos- ni en el celo denunciante ni en el rigor sancionador: corremos el riesgo de caer en lo injusto o en lo inicuo. O de ser cómplices involuntarios de quienes no quieren luchar contra la corrupción, sino contra posibles competidores.

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