MADRID, 24 (OTR/PRESS)
La justicia es uno de los estamentos peor valorados por la opinión pública española. Algo que, sin duda, parece haberse ganado a pulso. Pues bien, el Consejo General del Poder Judicial, lejos de trabajar por el imprescindible cambio de esa opinión, apostando por la transparencia de sus actuaciones, entre ellas la de las sanciones a los jueces, opta por el oscurantismo y la ocultación, argumentando que la publicidad de los expedientes sancionadores generaría una mala imagen para la justicia. ¿Peor de la que ya tiene?
Precisamente ahora, cuando el Gobierno acaba de dar el visto bueno al anteproyecto de la Ley de Transparencia en la Administración, cuando se exigen duros recortes en el gasto, es cuando el Consejo General del Poder Judicial apuesta por ocultar a la ciudadanía las sanciones a los jueces y los gastos de sus miembros.
Las sanciones que se apliquen a los jueces por delitos tan graves como prevaricación, ensañamiento, y otros que todos recordamos de sonados escándalos, quedarán bajo un manto de secreto salvo que los vocales del Consejo, juez y parte (nunca mejor dicho), decidan que por su especial relevancia pueden ser conocidas por la opinión pública.
El órgano de gobierno de los jueces, considerando a los españoles como menores de edad, decide qué deben saber y qué no. El poder judicial se arroga no solo la independencia del poder político consagrada por la Constitución, si no que se declara independiente de los ciudadanos a los que administra justicia.
La honda preocupación que parecen albergar por la imagen que ofrecen a la opinión pública, no ha servido para que aprueben la propuesta de austeridad que uno de sus vocales, José Manuel Gómez Benítez, planteó en el plenario ante el escándalo del gasto en viajes privados y costeados con el dinero de los contribuyentes. Más de medio millón de euros se gastaron los vocales y el presidente Carlos Divar en viajes, por supuesto en primera clase, sin justificación del motivo del desplazamiento.
Denunció también Gómez Benítez, con la incontenible irritación de sus colegas, que hay miembros del Consejo General del Poder Judicial que se van a su casa, fuera de Madrid, el jueves por la tarde y no regresan al despacho hasta el martes. Es lo que se conoce como la «semana caribeña». Por tan poca dedicación cobran 112.000 euros al año.
Con todas estas prebendas y sin necesidad de dar explicaciones a nadie, porque las sanciones son secretas, se comprende la falta de diligencia en la labor de vigilancia de juzgados con atrasos seculares, sentencias atrabiliarias, persecuciones por razones ideológicas o religiosas que quedan a salvo de investigaciones disciplinarias ante el estupor de los perjudicados.
Este corporativismo ha llevado el descrédito a uno de los pilares del Estado. Los ciudadanos, que son quienes pagan, ya no creen en la Justicia.
