MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Muchos creemos que la reforma laboral es un paso más hacia la transformación de la economía española en un taller de chinos. Seremos más competitivos pero, como no somos chinos sino españoles, bastante menos felices. Que en el envite los sindicatos adocenados y poco representativos pierdan poder es irrelevante frente a lo que se avecina: una sociedad inspirada en el principio del sálvese quien pueda. Por eso entiendo y comparto las razones de la huelga general del jueves pasado.
Aunque no se paralizó el país ni mucho menos, fue una clara expresión de malestar social por los recortes y la reforma laboral que no debe caer en el saco roto del Gobierno. Me temo lo peor. Horas antes de la quedada de piquetes en la Puerta del Sol en la medianoche del miércoles pasado, el ministro de Economía, Luis de Guindos, no podía ser más claro en una conferencia pronunciada a escasos metros de allí: «La reforma laboral es pieza básica de la agenda reformista del Gobierno. Independientemente de que la huelga de mañana sea un éxito o un fracaso, el Gobierno no va a modificar un ápice su planteamiento».
Así las cosas, ya pasado el trago y ante la persistente negativa del Gobierno a negociar una reforma del mercado laboral con los representantes de los trabajadores (con la patronal no hace falta, la CEOE aplaude con las orejas), es inútil tratar de objetivar la justificación de la huelga general del 29-M en base a su necesidad o, en su caso, su no necesidad. Innecesaria, según el Gobierno y su entorno ideológico, político y mediático, al que se adscriben la inmensa mayoría de los empresarios. Necesaria, según los sindicatos en el uso de su autonomía y del fuero institucional que ostentan. Lógico.
En paralelo también aflora la histórica tensión entre el patrón y el obrero, según unos códigos afortunadamente superados. Pero sólo hasta cierto punto, sobre todo cuando se trata de una huelga. Es verdad que el empresario pierde dinero. Pero también lo pierde el trabajador, al que se le descuenta el salario de esa jornada así como las cotizaciones y las partes proporcionales del descanso semanal y las pagas extraordinarias.
O sea, que si para el empresario, como para el Gobierno, no es un plato de gusto enfrentarse a una huelga general, para el trabajador tampoco. Por eso digo que solo hasta cierto punto lo moderno es aceptar el código que considera a la empresa como la casa común del empresario y el trabajador, de modo que a ambos debe interesarle que el negocio vaya bien.
Esa visión franciscana de la empresa se compadecería con una normativa laboral que amparase la negociación colectiva (negociación de salarios y condiciones de trabajo) en un plano de relativa igualdad. Pero resulta que esta reforma laboral supone un punto de inflexión respecto a esa doctrina, puesto que prima los intereses del empresario sobre los del trabajador al reforzar la posición de aquel.
