MADRID, 12 (OTR/PRESS)
Cuando alguien empieza a «molestarse» por organizar mi vida privada y decirme qué puedo qué no puedo hacer o dónde, peligro. Cuando alguien se muestra más preocupado por mi seguridad que por mi libertad, empiezo a preocuparme. La violencia callejera o de cualquier otro tipo, en el colegio, en la empresa o en los campos de fútbol siempre me ha parecido detestable. El Ministerio del Interior ha anunciado su proyecto de endurecer las penas contra la violencia callejera y ha apuntado que va a proponer penas de entre dos y cuatro años de cárcel para quienes convoquen concentraciones violentas a través de Internet y hasta para la resistencia pasiva grave que podría equiparar legalmente con el delito de atentado y que permitiría a los jueces decretar la prisión, preventiva y que sus promotores sean considerados miembros de una organización criminal.
España tiene uno de los índices más bajos de delincuencia en Europa y, sin embargo, más personas en la cárcel que esos países, una muy elevada población reclusa que, en la mayoría de los casos, cuando cumple condena ni se ha rehabilitado ni ha mejorado su inserción social, con lo cual la privación de libertad sólo ha servido para no tener a esa gente en la calle. Seguramente algunos consideran que eso ya es bastante, pero a mi me parece claramente insuficiente. Lo mismo sucede con los menores delincuentes, a los que algunos meterían en la cárcel de por vida. Cada vez que hay un delito los políticos endurecen las penas y aunque no solucionan ningún problema, consiguen el efecto de marketing.
Legislar a golpe de portada del telediario es una tentación insuperable para los políticos, aunque eso vaya limitando la libertad cada día más. El debate seguridad-libertad nunca estará solucionado, pero me preocupa que en lugar de usar las leyes que tenemos -el Código Penal ya prevé casi todo lo que quieren reformar- y que los jueces interpreten la ley conforme a derecho, lo que hacemos es irnos a los extremos. Mal asunto. Floriano (ahora sale todos los días a templar gaitas) dice que «las nuevas medidas de Interior se aplicarán con sentido común». O no. Para evitar problemas, mejor no crearlos.
Más preocupado aún me ha dejado una sentencia del Supremo que, al parecer, porque no la he leído íntegra, avala que un miembro del comité de empresa pueda informar a los directivos de la empresa de aspectos que afectan a la esfera íntima de las personas -una relación afectiva, por ejemplo, que supuestamente afectaba al funcionamiento de la compañía- en aras a «colaborar con el mantenimiento de la productividad» (sic). Como el sindicalista se chivó al director y fue éste el que lo reveló públicamente, el Supremo entiende que el compañero trabajador, el demandado, no se entrometió ilegítimamente en el derecho a la intimidad de las afectadas. Puede que sea legal, porque no se demandó al director, pero parece un disparate social. Y, junto a los proyectos de Interior, debe ponernos en guardia.
