MADRID, 02 (OTR/PRESS)
En una reacción eminentemente populista de Evo Morales, presidente de Bolivia, el primero de mayo quedó expropiada la TDE, la empresa española que se ocupa (se ocupaba) del sistema de transporte eléctrico interconectado de Bolivia. Pelillos a la mar. Desde el primero momento el Gobierno español le quitó importancia y puso un especial interés en desautorizar cualquier tentación de relacionar este episodio con la reciente expropiación de la sección argentina de Repsol. En cambio el embajador de España en La Paz, Ramón Santos, habló del malestar del Gobierno español por una decisión que «manda una señal negativa desde el punto de vista de la inversión, tanto nacional como extranjera».
Recordar que este tipo de medidas generan desconfianza entre los inversores, ante los principios de seguridad jurídica y respeto al libre comercio, fue atenerse a la doctrina aplicada por el Gobierno Rajoy a la expropiación de Repsol-YPF. Y eso es exactamente lo que hizo el embajador Santos, unas horas antes de que Moncloa filtrase una información que invitaba a quitarle importancia a la decisión de Evo Morales y, por otra parte, a desvincular el caso boliviano con el caso argentino.
Eso no logró evitar que se avivase el fuego de nuestro debate político de cercanías, donde las vísceras se suelen sobreponer a la razón. Ha bastado echar un vistazo a ciertos comentarios en los medios y en las redes sociales. Se reabre el absurdo intercambio de pedradas respecto a la ubicación de España en el ranking de las relaciones internacionales. Unos detectan una cura de humildad de quienes no hace mucho tiempo se ponían estupendos denunciando que con Zapatero éramos el hazmerreír del mundo. Los contumaces lo ven justo al revés, pues valoran la hostilidad de Evo Morales como una consecuencia lógica de la Alianza de Civilizaciones y el buenismo de Zapatero.
La razón nos lleva a considerar, como al embajador español en La Paz, que el Gobierno y la opinión pública españoles no pueden aplaudir decisiones inesperadas y contrarias a la cobertura de las inversiones y los derechos de propiedad, aun reconociendo que se trata de una decisión soberana. Y en esas coordenadas, a lo más que puede aspirarse es a que la expropiación culmine una vez satisfecho el precio justo por una propiedad española. Ahí sí se aprecia una diferencia con el caso Repsol. Mientras que las autoridades argentinas dicen que la expropiación está bien pagada, por los muchos años de beneficios acumulados, en el caso de Bolivia se ha comunicado al Gobierno español que una compañía independiente fijará un justiprecio por las acciones de TDE (adquirida con capital español por REI, que es el brazo internacional de REE) en el plazo de 180 días.
Por lo demás, estamos ante la inesperada medida de una nacionalización pura y dura. ¿Con qué consecuencias? Muy limitadas desde el punto de vista económico, pues el negocio boliviano no llega ni al 1,5% del total de esta empresa española.
