Isaías Lafuente – ¿Qué trato?


MADRID, 3 (OTR/PRESS)

Hace apenas dos meses, Iñaki Urdangarín se paró unos segundos frente a los periodistas antes de declarar ante el juez. «Vengo a defender mi honor, a demostrar mi inocencia y a aclarar la verdad de los hechos», dijo rotundo. Hoy sabemos que su abogado y el de su socio, Diego Torres, negocian con la fiscalía un trato mediante el cual reconocería su culpabilidad y devolvería el dinero levantado a las administraciones públicas para las que trabajó a cambio de obtener una condena suave que le permitiese eludir la cárcel. Pocas proclamaciones de inocencia han quedado amortizadas en tan corto espacio de tiempo.

El intento viene precedido del chantaje de Diego Torres que, molesto con el antiguo amigo que pretendía ahora dejarlo a los pies de los caballos cargando sobre sus espaldas toda responsabilidad, filtró unos correos comprometedores en los que aparecía el rey como mediador o facilitador de alguna de las operaciones que ahora se investigan. La relación causa-efecto entre la publicación de los correos y el movimiento de los encausados suscita evidentes preguntas de comprometedoras respuestas y viene a enturbiar más un asunto suficientemente enlodado. Porque si Iñaki Urdangarín es inocente, como proclamó en su día, estaríamos ante un ciudadano dispuesto a inmolarse, asumiendo una culpabilidad que no le corresponde en nombre de un bien mayor: el de proteger no se sabe de qué a una institución tocada por el desarrollo de estos y otros acontecimientos. Y si es culpable, entonces habría que reclamarle la segunda cláusula del contrato y exigirle que nos cuente con todo pormenor «la verdad de los hechos» antes de enfrentarse al veredicto de los tribunales.

Porque en una sociedad democrática, el resarcimiento es la última consecuencia de la acción judicial. Antes, los ciudadanos tenemos el derecho de saber qué sucedió y determinar la nómina de quienes, por acción o por omisión, fueron colaboradores necesarios del delito. Y la justicia, una vez demostrados los hechos, tiene la obligación de imponer un castigo proporcional a la magnitud del delito. Sin que quepan atenuantes ni tratos que los propicien para quien previamente agravó su circunstancia intentando engañar a los jueces y a los ciudadanos proclamando solemnemente su inocencia.

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