Fernando Jáuregui – La tele que tenemos… y tendremos.


MADRID, 17 (OTR/PRESS)

Vaya por delante que no estoy de acuerdo con la modificación legal aprobada por la mayoría absoluta en el Parlamento, que restringe, por real decreto, la representatividad en la elección del presidente de Radiotelevisión Española. Vaya también por delante que pienso que en este tema, como en el de la elección del Fiscal General del Estado o la del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, o la del director de los servicios secretos, el consenso entre las fuerzas políticas debería ser condición imprescindible, incluso por mandato constitucional.

Por ello me parece una cierta regresión en estos principios lo ocurrido en las últimas horas, que han consagrado que baste la mayoría absoluta, no la de dos tercios de la Cámara, para elegir a la persona que desempeñará un cargo tan fundamental como el de presidente de una Corporación que sigue siendo una de las que más prestigio informativo acumula, pese a cuantos «peros» quiera usted ponerle a esta afirmación, que sin duda tales «peros» existen.

Lo cierto es que la información pública, que, a mi modo de ver, debe mantenerse tanto en lo que se refiere a una televisión estatal -lo de ciertas teles autonómicas es muy otro cantar_ como a la agencia de prensa del Estado, es siempre cuestión delicada y que no debe tocarse demasiado. Ni siquiera cuando, como era el caso de la cúpula de RTVE, no funciona. Cierto que la televisión estatal ha de tener una cabeza rectora; cierto que no parece que los socialistas hayan facilitado demasiado el llegar a un consenso, ni en este caso ni en materia de otras vacantes pendientes; pero también es verdad que el actual Gobierno no se mostró demasiado entusiasmado por alcanzar el acuerdo en torno a un nombre para presidir RTVE. Ni tampoco, por cierto, en otras materias a pactar.

Lástima, porque quien venga vendrá de la mano exclusiva del PP y, haga lo que haga -que no tengo por qué pensar que, en principio, nadie venga a manipular la información ni a socavar la libertad de expresión-, será pasto de las llamas de las críticas de todos los demás. Con lo que inevitablemente uno de los pilares de la sociedad democrática -sí, yo pienso que la información que ahora da esta tele pública es básicamente objetiva y plural, aunque repito que algunas autonómicas tendrían una calificación diferente_ va a deteriorarse, tal vez irremisiblemente. La credibilidad de los ciudadanos en la televisión que pagamos todos no puede, no debe, quebrarse, si el Gobierno y toda la clase política, las instituciones, quieren que los españoles mantengan la confianza en sus representantes. Y ya nos han dicho que, en estos complicados momentos, contar con la confianza ciudadana es, simplemente, vital.

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