MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Sabíamos que los bancos eran los dueños de todo, pero hasta ahora no habíamos averiguado con exactitud hasta qué punto. Gracias a los políticos de las Cajas, mucho más desinhibidos que los circunspectos banqueros de toda la vida, el latrocinio se tornó ostentoso, y entre ellos, los promotores inmobiliarios, los munícipes corruptos y los gobiernos consentidores y cómplices, constituidos en una especie de banda, se lo llevaron todo. Como hay que vivir, ahora toca reponer lo que robaron quitándoselo de la boca, de la salud y del futuro a los trabajadores, a los enfermos y a los niños respectivamente.
Puede que Alí Babá, el jefe de esa banda, fuera un poder impersonal, colegiado, de modo que podríamos llamarlo X, como al responsable último de los GAL, pero los 40 banqueros sindicados en ella, o los 400, tienen nombre, apellidos, filiación política en muchos casos, cuentas e inmuebles por esos mundos y, apalabrados, retiros multimillonarios para cuando el cuerpo, castigado por tanto pádel y tanto whisky de malta, ya no esté para asaltar, trabuco en mano, por los caminos. Se supone que en una democracia, los representantes del pueblo, de las víctimas de esa continuada y brutal exacción, deben descubrir, mediante comisión investigadora del Congreso, sus nombres, sus tropelías, sus paraderos y, cómo no, el paradero del botín, pero no parece que esto sea exactamente una democracia, sino más bien su secuestro.
Claro que, ante la renuencia del Parlamento a investigar a sus pares, y a los pares de sus pares, la Justicia tiene una gran oportunidad para rehabilitar su imagen, tan deteriorada por el caso Dívar y los tratos de favor a Urdangarin y a su esposa: su actuación de oficio, la de sus fiscales, sus instructores, sus magistrados, su policía judicial, en el esclarecimiento de la quiebra de Bankia, tan onerosa para todo el mundo, menos, al parecer, para los que la provocaron. Si la Justicia tuviera esa inspiración, ese rapto, cualquiera podría indicar a sus agentes dónde está la cueva.
