La objeción de conciencia es un derecho universal que asiste a cualquier persona eximiéndola del cumplimiento de determinadas acciones que van en contra de su ética o religión. Ajenos a este derecho, en la Conferencia de las Naciones Unidas en Pekín, los grupos antivida consiguieron que se excluyera de los memoranda la cláusula de la objeción de conciencia para los profesionales de la salud. Desde entonces, las feministas de género luchan estratégicamente para conseguir que los sanitarios no puedan acogerse a este derecho constitucional, a la hora de administrar los servicios de “salud reproductiva”, tales como anticonceptivos, aborto, esterilización o píldoras postcoitales.
La Academia Pontificia para la Vida afirma con rotundidad que “desde un punto de vista ético, la misma ilicitud absoluta de proceder a prácticas abortivas subsiste también para la difusión, la prescripción y la toma de la píldora del día siguiente. Son también moralmente responsables todos aquellos que, compartiendo la intención o no, cooperan directamente con tal procedimiento”. (Academia Pontificia para la Vida. La píldora del día siguiente. Comunicado de 31-10-2000).
Aunque el responsable es el médico que prescribe la medicación, y el farmacéutico actúa en muchos casos como mero vendedor, a la hora de despachar la píldora postcoital –de dispensación obligatoria— el farmacéutico provida, seguro de que se atenta contra la vida del embrión, debe optar por la objeción de conciencia. Su responsabilidad como agente de la salud se sitúa en el mismo plano que la del médico. Hablamos en este caso del farmacéutico responsable que toma parte activa en la lucha por la salud, frente al farmacéutico cumplidor e intermediario.
En algunas comunidades autónomas, aunque de manera un tanto ambigua que puede dar lugar a interpretar una cosa y la contraria, dependiendo de quién juzgue, se reconoce o no el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
A pesar de los problemas que puedan acarrearles, existen en nuestro tiempo héroes de bata blanca que, fieles a su compromiso de salvar vidas, se oponen a las prácticas médicas a favor de la muerte. Hace un tiempo recogíamos la noticia de un ginecólogo español que objetaba hacer el diagnóstico prenatal (DPN). Su nombre es Esteban Rodríguez Martín y trabajaba en un hospital del Servicio Andaluz de Salud. Cuando empezó a trabajar en el centro, pidió que se le exonerase de realizar o participar en estas pruebas clínicas por razón de conciencia. Después, debido a cambios en la dirección, se le exigió la realización de las citadas pruebas. El malestar y el estrés generado le obligaron a requerir atención sanitaria que ordenó la baja médica. Más tarde planteó la objeción de conciencia a la dirección del hospital y al Colegio de Médicos. La administración sanitaria se la denegó y se vio obligado a recurrirla. El juez decretó medidas cautelares.
El diagnóstico prenatal (DPN) consiste en un conjunto de pruebas médicas que permiten conocer las anomalías que pueda tener un niño antes de nacer. Algunas, como la hemofilia o el síndrome de Dawn son irreversibles, pero otras pueden tratarse durante el embarazo (hidrocefalia o hernia diafragmática) o requerir intervención en el útero durante la gestación o después del nacimiento. El DPN, además de ser un sistema de diagnóstico precoz, es un método eugenésico al que se someten muchas mujeres a partir de los cuarenta para asegurarse de que el bebé no padezca, sobre todo, síndrome de Dawn. En caso afirmativo, el 94,5 por ciento de los casos acaba en aborto. Ésta es la razón que genera conflicto de conciencia en muchos médicos, entre ellos, el doctor Rodríguez, pues se les obliga a ejercer una subespecialidad que se aparta de la función del médico que es curar y salvar vidas. El aborto es antimedicina, es matar a un paciente. Se puede decir que los médicos abortistas matan a algunos de sus pacientes.
En algunos hospitales el protocolo de actuación obliga al médico a informar a la mujer de que está dentro del supuesto para abortar y a facilitarle el informe médico para la intervención. Es el caso del centro donde presta sus servicios el doctor Rodríguez. Este médico está en contra de eliminar a un ser humano por el hecho de no ser perfecto y pide que no se le obligue a participar en este tipo de métodos de exterminio.
Los médicos abortistas constituyen lo más bajo de la clase médica y así los va viendo la sociedad. Hoy, gracias a internet, se ha podido constatar la carnicería infame que supone esta práctica. Esto frena a muchos médicos que no quieren verse involucrados y que su nombre aparezca al teclear en Google la palabra aborto y su nombre. Los casos del doctor Morín, gracias a este moderno medio de comunicación, se han conocido en todo el mundo y han contribuido a la concienciación de muchas personas que ignoraban pormenores de esta operación siniestra.
El avance de la ecografía en 3 D por un lado, y el material que divulgan los colectivos provida por otro, le han ido dando al feto la categoría evidente de paciente. Esto aleja cada vez más a los médicos de la práctica del aborto.
En España, a pesar de los más de 110.000 abortos anuales, resulta cada vez más difícil encontrar médicos que quieran practicar abortos, tanto en la sanidad pública como en la privada. Por ello, los centros abortistas acogen a médicos extranjeros para estas prácticas. Incluso el resto del personal sanitario suele ser foráneo. Eva Rodríguez, directora de la clínica El Sur, de Sevilla, declaraba el grave problema que tienen que afrontar, pues no hay “recambio generacional”. Los médicos que hacen abortos hoy en España “son los mismos que hace 30 años pedían la despenalización desde la facultad de medicina”.
Bernat Soria cuando era ministro de Sanidad amenazó con la ocurrencia de hacer “listas negras” de médicos objetores, para solucionar el problema de la escasez de médicos abortistas. La reacción de los médicos, a través de la Organización Médica Colegial no se hizo esperar y dejó patente que: “no se debe discriminar a ningún profesional a causa de sus principios. Al médico le asiste el derecho constitucional de la objeción de conciencia. […] Con relación a un posible registro de médicos que aleguen objeción de conciencia, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos deja bien claro que dichos registros deben estar en manos de las organizaciones de profesionales”. Según el abogado José Manuel del Castillo, estas listas podrían suponer un peligro para la libertad de los sanitarios y opina que la inclusión en ellas debe ser voluntaria respetando el artículo 16 de la Constitución que garantiza que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.
La objeción de conciencia es un derecho constitucional del que se está haciendo uso de manera creciente. En Italia aumenta el número de médicos que se acogen a él. Según el Ministerio de Sanidad italiano, los ginecólogos objetores al aborto han crecido desde el 59 por ciento del 2003 al casi 70 por ciento del 2007. Asimismo crece el porcentaje de anestesistas que objetan. En Portugal, desde julio de 2007 el aborto está despenalizado en las diez primeras semanas. Sin embargo, el 80 por ciento de los médicos son objetores porque la ley es contraria a su código deontológico. El gobierno está presionando para que cambien su código deontológico pero éstos se mantienen firmes y recuerdan que el juramento hipocrático está para cumplirse y para “resistir las modas morales de los tiempos que, con frecuencia, se han constituido en amenazas a la dignidad de la vida humana”.
En Canadá, aunque el aborto es legal hasta el momento del parto, muchos médicos son objetores, y sólo un 15 por ciento de las clínicas practican abortos. Los ginecólogos no sólo tienen derecho a ser objetores, sino que la Asociación Médica canadiense les permite además negarse a derivar pacientes a clínicas abortistas. De esta manera cumplen con su conciencia de no colaborar en ninguna medida.
Reconocemos que no lo tienen nada fácil los médicos, y es de admirar su arrojo en la lucha contra quienes pretenden vulnerar la dignidad de los seres humanos. La Multinacional de la Muerte, regida por los habitantes del reino de las tinieblas, tiene a su servicio toda una cohorte de servidores del mal de muy distintas disciplinas, entre ellos, medios de comunicación poderosos que se encargan de divulgar las falacias destinadas a domesticar al gran público. Incluso los llamados comités de ética no son tales y así lo manifestaba un médico desesperado: “Me negaré siempre a formar parte de un comité de ética, pues como los juristas admiten hoy en día que las leyes deben adaptarse a las costumbres, los miembros de los comités de ética adaptan su ética a las costumbres. Mas, por definición, la ley y la moral están por encima de los hombres; están hechas para fijar los límites, sean cuales sean las costumbres. Ello no impide a la gente saltárselos, pero deben saber que se los saltan. Adaptarse a la opinión y a las costumbres no puede llevar más que a una degradación sin fin”. (P. Sanders, Information médicale, p.206.citado por Michael Schooyans, El aborto. Implicaciones políticas, Rialp, Madrid, 1991).
En efecto, es una lucha contracorriente. Pero una santa lucha que impedirá que los promotores de la Multinacional de la Muerte se conviertan en dueños y señores de nuestros cuerpos y nuestras almas. El profesor de la Universidad Católica de Lovaina, Michel Schooyans, en un libro publicado hace diecinueve años, citaba a Stephen D. Mumford a propósito de los tecnócratas médicos de la sociedad del mañana, que apoyados por los demógrafos ejercerán la nueva medicina, una medicina del cuerpo social más que del individuo. “Una medicina que consiste en administrar la vida humana como se administra una materia prima; en constituir una nueva moral basada sobre el nuevo sentido de la vida; en penetrar en la política con el fin de engendrar una sociedad nueva; en derruir la concepción tradicional de la familia, disociando con una eficacia total, la dimensión amorosa y la dimensión procreadora de la sexualidad humana; en transferir a la sociedad la gestión de la vida humana, desde la concepción a la muerte; en proceder, con ello, a una selección rigurosa de los que serán autorizados a transmitir la vida: temas todos ellos que han sido dolorosamente experimentados en la historia, incluso reciente, pero que aquí se reactivan con energía y se integran en un cuadro lúgubre y mortífero. […] Los tecnócratas médicos, piezas maestras de las fuerzas imperialistas, deberán ejercer un control total sobre la calidad y la cantidad de seres humanos”. (Stephen D. Mumford, American democracy and the Vatican. Population growth and nacional security, Humanist Press, Nueva Cork, 1984). Esto ya se está practicando en la actualidad.
Si este tipo de pena de muerte para nuestros niños engendrados nos la hubieran impuesto por la fuerza, sin duda se hubieran producido rebeliones y desobediencias civiles. Sin embargo, la sociedad ha aceptado mansamente la imposición de uno de los crímenes más vergonzosos.
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Por Magdalena del Amo
Periodista y escritora, pertenece al Foro de Comunicadores Católicos.
Directora y presentadora de La Bitácora, de Popular TV
Directora de Ourense siglo XXI
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(07/06/2012)
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