MADRID, 12 (OTR/PRESS)
Es sólo la Comunidad de Madrid, pero representa la esencia de los recortes que nos van a caer en todas las autonomías, en todas las ciudades, en todos los servicios. Sin duda hemos vivido por encima de nuestras posibilidades durante demasiado tiempo -en gran parte a costa de la Europa que ahora no se fía de nosotros- y tenemos más Universidades, más autovías, más polideportivos, más auditorios por metro cuadrado que la mayor parte de Europa. También tenemos 17 defensores del Pueblo cuando tal vez con uno podría bastar y hacerlo igual de bien que todos por separado y costar la mitad o menos. De hecho, la defensora del Pueblo ha demostrado de largo que sabe, que no se casa con nadie, que funciona y que atiende a los ciudadanos. Con uno, sobre todo si es bueno, basta.
Pero ahora, en Madrid, la presidenta Esperanza Aguirre a la hora de hacer recortes ha decidido que el defensor del Menor no es necesario y que su labor la puede hacer igual la Fiscalía. Discrepo, aunque no valga de nada. Como tampoco vale de nada el excelente trabajo realizado desde la creación de esa figura por personas tan diferentes como Javier Urra, Pedro Núñez Morgades o el hasta ahora defensor Arturo Canalda. Javier Urra, un psicólogo con grandes dotes para la comunicación, metió el debate sobre los derechos de los menores en los hogares de todos los ciudadanos a través de la televisión y la radio. Núñez Morgades, un político eficiente, trabajó duro para defender con rigor y seriedad esos derechos en todos los ámbitos. Arturo Canalda, un abogado metido a político, con el conocimiento que da tener seis hijos, ha puesto sobre la mesa, entre otros muchos temas, el debate de las redes sociales. Todos han luchado con éxito por mejorar los derechos de los niños y ninguno se ha casado con el Gobierno que les nombró o, incluso, ha tenido enfrentamientos con él. Detrás de cada uno ha habido excelentes equipos técnicos y de comunicación que ahora desperdiciaremos.
Noruega, seguida de Finlandia o Suecia, fue el primer país en crear esta figura en 1981. Ukrania llegó a nombrar a un niño y una niña para el cargo. En la Comunidad de Madrid, los derechos de los más pequeños han estado mejor protegidos y la sociedad se ha concienciado de un problema importante. ¿Qué va a pasar ahora con esos derechos? Pues que van a sufrir mermas, al igual que surge con otros derechos fundamentales de los ciudadanos, y que vamos a ser más reactivos. Al menos hasta que surja un problema grave y entonces se alcen las voces airadas pidiendo mayor represión legal. Los niños de Madrid tenían derecho a un defensor. Ahora se quedan sin él. Y seguramente no habrá protestas políticas ni manifestaciones ni indignación de ningún tipo. Al fin y al cabo, a quién le importa. [email protected]
