Antonio Casado – Dívar, acorralado.


MADRID, 15 (OTR/PRESS)

Dimita o no dimita en el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial que va a celebrarse este sábado, Carlos Dívar ya es un juguete roto. Después de haber gestionado con los pies el problema con las facturas de sus fines de semana «caribeños», el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo se las ha arreglado para echarse encima a la opinión pública y perder los apoyos institucionales y corporativos que tuvo cuando se inició el escándalo. En estos momentos es un personaje acorralado al que casi de forma unánime se le pide que aproveche esta nueva oportunidad de irse dignamente.

Sin embargo, hoy por hoy no tiene pensado dejar el cargo. A expensas de un eventual cambio de parecer en las horas que quedan hasta las once de la mañana del sábado, que es la hora del pleno extraordinario convocado a petición de los cinco vocales que proponen su cese, la impresión es que no piensa abandonar y que va a seguir atrincherado en su propia conciencia. Parece que no se quiere perder la foto con el Rey, que este lunes va a presidir los actos del bicentenario del Tribunal Supremo.

Se da la circunstancia de que en Zarzuela no tienen el menor interés en que don Juan Carlos coincida con Dívar ni siquiera en una foto. No solo en Zarzuela le ven como una compañía poco recomendable. A medida que se han ido conociendo más detalles de su lujosa itinerancia a costa del erario público el personaje ha perdido el apoyo del Gobierno, que lo arropó inicialmente al bloquear los intentos de la oposición para que se retratase en el Congreso. Al final tendrá que hacerlo, aunque con el pretexto de defender la memoria judicial ante la Cámara, pues el Gobierno dejó de bloquear su comparecencia.

Otro tanto ha ocurrido con las asociaciones de jueces. De las tres más importantes dos han pedido abiertamente su dimisión y la tercera, la mayoritaria y conservadora APM, ha calificado sus viajes de «excesivos, abusivos y frívolos». Por otra parte, la falta de unanimidad en la sala segunda del Tribunal Supremo respecto a la admisión de una querella contra él revela que hasta sus compañeros de carrera le han retirado el favor.

De algún modo la peripecia del presidente del CGPJ, marcada por el escándalo de sus fines de semana caribeños a costa del erario público, recuerda a la del ya expresidente valenciano, Francisco Camps, marcada por el escándalo de los famosos trajes-regalo. Los dos se echaron tierra encima al negar las evidencias, llegaron a perder las coordenadas de la realidad y se auto-convencieron de ser víctimas de una clamorosa injusticia, por no decir conjura para derribarlos como figuras públicas.

Incluso en lo judicial se parecen. Camps se sentó en un banquillo pero resultó absuelto. En el caso de Dívar, tanto la Fiscalía como la segunda del Supremo han dictaminado que su conducta no es delictiva. Sin embargo, ambos vuelven a parecerse en su común incapacidad para entender que, aunque exculpados en lo judicial, sus respectivos comportamientos como servidores públicos resultan indefendibles en los ámbitos de la política, la ética y la estética.

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