MADRID, 22 (OTR/PRESS)
La prima de riesgo hizo un paréntesis. Nos sirvió para volver al viejo debate sobre las relaciones de los amigos de ETA con la legalidad vigente. El Tribunal Constitucional no ha encontrado razones que impidan la inmediata inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. Es una buena noticia aunque llega en mal momento. La coincidencia ha sido perturbadora. Cuando estábamos evocando la masacre de Hipercor (21 muertos, cuatro de ellos niños, en Barcelona) nos han puesto encima de la mesa la legalización de un partido que, con otro nombre (Batasuna) vio en su día aquel horror (21 junio 1987) como una consecuencia más del «conflicto» entre Euskadi y el resto de España.
No es ningún secreto que los militantes de la llamada izquierda abertzale han comprendido, justificado o apoyado a ETA durante estos últimos cuarenta años. En nombre de la «patria» vasca. Más de ochocientos muertos causaron estos «gudaris» de la peor aberración asociada al ser humano: la arbitraria eliminación física de un semejante en nombre de una idea política. Aberración doble si eso ocurre en un régimen político que garantiza la libre tráfico de las ideas, si éstas se defienden sin violencia y con respeto a la legalidad vigente.
No hacía falta ningún muerto para apostar libremente por la independencia de Euskadi si la apuesta se hubiera hecho por vías pacíficas, en deportiva competencia democrática con quienes apuestan por la unidad de España. Ese largo y penoso atajo de sangre llamado ETA ha dejado las cosas como estaban políticamente cuando se fundó el Estado de las Autonomías al amparo de la Constitución de 1978. Ha sido inútil este sangriento rodeo. Los amigos políticos de ETA no necesitaban del terrorismo para ejercer su fe nacionalista.
Cuando la banda ha decretado un alto el fuego definitivo y ellos se han comprometido a no volver a apoyarse en la violencia, el Estado de Derecho les ha invitado a participar en el juego político en igualdad de condiciones con el resto de partidos. Ese es el significado del fallo del Tribunal Constitucional. Estaba cantado. El Tribunal tenía que ser congruente con la sentencia emitida en mayo de 2011 respecto a Bildu, otra de las marcas utilizadas por el ala más radical del nacionalismo vasco. Ya entonces una mayoría de magistrados dio por bueno el cambio de escenario. Había dos circunstancias nuevas: renuncia expresa a la violencia y el adiós a las armas de ETA.
A quienes siempre hemos defendido la libre circulación de las ideas, sin otros condicionantes que la no violencia y el respeto a la ley, no nos queda otra que celebrar el fallo, por mucha repugnancia que nos causen las biografías de estos personajes. El Estado de Derecho ha de prevalecer sobre los procesos de intención y los legítimos sentimientos de agravio de las víctimas del terrorismo. Dicho sea desde la apuesta por un País Vasco con urnas y sin pistolas. Y desde el respeto a quienes no dejan de ver a Sortu como la versión política de una banda no disuelta.
