Fernando Jáuregui – «Operación Consejo del Poder Judicial».


MADRID, 27 (OTR/PRESS)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se la juega en este envite. Da la impresión de que lo que pretende es acabar con todo este Consejo del Poder Judicial, aprovechando el estallido del «caso Dívar». Increíblemente, una semana después de la dimisión del presidente del Consejo del Poder Judicial tras el escándalo de sus viajes privados pagados con fondos públicos, Gallardón no ha procedido al cese reglamentario de Carlos Dívar, que sigue así, técnicamente, en el cargo. Con lo cual quien sería el sustituto transitorio, el vicepresidente Fernando de Rosa, vive una situación cuando menos incómoda, lo mismo que el resto de los consejeros, al menos hasta el próximo Consejo de Ministros.

La filtración de que Dívar no fue el único que realizó sus viajes, sino que también incurrieron en la misma falta -no penalizada en el reglamento, si no es desde un punto de vista ético y estético_ otros consejeros no detallados, pone en situación aún más difícil a todo el CGPJ. Un órgano que se ha ganado a pulso no pocas críticas, pero que también, recordemos, recibió a Gallardón en medio de un ambiente de cierta hostilidad, por entender que el exalcalde de Madrid era persona poco conocedora del mundo de la Justicia, pese a ser fiscal no en ejercicio. La dimisión de Dívar gustó muy poco a Gallardón, que había encontrado en el maleable presidente del CGPJ un buen aliado frente a una mayoría de consejeros decididamente desfavorables para con el nuevo ministro. Cuando la Fiscalía declaró que los viajes de Dívar carecían del menor componente que le pudiera hacer perseguible penalmente, el alivio de Gallardón fue patente: declaró que la Justicia había dado un paso adelante que consolidaba al propio Dívar y a todo el Consejo. Nunca lo hubiera dicho: a partir de ese momento, los ataques, en no pocos casos despiadados, contra Dívar se recrudecieron, las divisiones en el seno del siempre inestable CGPJ también y, al final, se hizo, en medio del estruendo, inevitable la dimisión del «jefe de los jueces», que ha quedado moral y mediáticamente destrozado.

Así las cosas, Gallardón ha prolongado lo más posible la interinidad y ha hecho saber su incomodidad con el actual Consejo, que probablemente se vea abocado a una dimisión colectiva para dar lugar a una «refundación». Al ministro, ya lo ha dicho, le gustaría un Consejo con menos consejeros y elegidos de forma diferente. No parece, en principio, un mal plan, aunque parece que el ministro deberá explicarlo algo más detalladamente. La credibilidad no del Ministerio y del ministro de Justicia, sino de la Justicia española en su conjunto, está en juego.

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