MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Comienza a resultar insoportable que seamos los ciudadanos corrientes y molientes los que estemos pagando la crisis. En realidad es la cada vez más empobrecida clase media la que está manteniendo el país, porque ya se sabe que los ricos de verdad pagan pocos impuestos.
Todas las medidas que ha ido adoptando el Gobierno Rajoy, lo mismo que las que tardíamente puso en marcha Rodríguez Zapatero, han ido mermando nuestro Estado del Bienestar y sobre todo se han basado en que seamos los ciudadanos los que nos apretemos el cinturón: reducción de salarios, subida del IVA, restricciones en los servicios públicos, ya sea la sanidad o la educación, por no hablar de la ley de dependencia, subida de impuestos, y una reforma laboral que hasta el momento lo único que está provocando es que aumente el paro, etc, etc, etc.
Lo peor es que todas estas medidas encaminadas a reducir el déficit no están sirviendo ni para que se reduzca ni para estimular la economía, ni para crear empleo ni tampoco para que el Señor Mercado confíe en nuestro país. Me remito a la prima de riesgo. Ahora se nos anuncian más medidas que supondrán nuevos sacrificios, e insisto, nuevos sacrificios para los de siempre, y sobre todo para los que aún conservamos el puesto de trabajo, que desgraciadamente cada vez somos menos.
La pregunta es si además de los ciudadanos las Administraciones Públicas se van a poner a ahorrar. Porque lo que no es de recibo es que se recorte el sueldo a los médicos pero haya miembros de instituciones que manejan el dinero público como si fuera suyo. Ahí están los penosos ejemplos del Defensor del Pueblo catalán o de Carlos Dívar, ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial.
A mí me parece que los primeros que se tienen que apretar el cinturón son los cargos públicos aunque solo sea para dar ejemplo. En segundo lugar me parece evidente que no se puede retrasar más la reforma de las Administraciones Públicas, algo de lo que vienen hablando populares y socialistas pero que no terminan de llevar a buen puerto. Y aunque a muchos les irrite hay al menos que plantear si nos podemos permitir la actual configuración del Estado tal y como está. Ojo, no estoy diciendo que haya que enterrar el Estado Autonómico pero sí me parece imprescindible reformarlo y acabar por lo menos con las duplicidades de gestión. A mi juicio, no tiene ningún sentido que tengamos un Estado con diecisiete Defensores del Pueblo o que las comunidades insistan en mantener abiertas sus «embajadas» a lo largo y ancho del mundo, amen de otros muchos ejemplos.
Puesto que el Gobierno nos va a pedir nuevos sacrificios, al menos que estos vengan acompañados con el ejemplo de quienes dicen estar al servicio de la sociedad. Ya digo, resulta insoportable que al final la crisis corra en exclusiva a cuenta de los ciudadanos.
